El juez reimpulsa la investigación del clan criminal de Villarejo y recopila todos sus proyectos

Cita de nuevo al comisario, su mujer y su hijo y ordena convocar como testigos a todos los trabajadores de Cenyt

El comisario José Manuel Villarejo en la Audiencia Nacional EP

Isabel Vega

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Mientras la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzga al comisario José Manuel Villarejo y varios de sus colaboradores y clientes por tres encargos menores de los que obran en el sumario, el juez instructor Manuel García Castellón ha dado un nuevo impulso a la investigación de los delitos más graves que se le imputan : organización criminal y blanqueo de capitales, la pieza principal de la causa.

En un auto al que tuvo acceso ABC, el juez, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, ha acordado encargar a la Unidad de Asuntos Internos un informe de «avance» con todos los proyectos del comisario que haya localizado en la documentación intervenida, aunque «en la mayoría de los casos» los posibles delitos estarían prescritos por el tiempo transcurrido. El objetivo, como precisaban los fiscales, es apuntalar los indicios de la «continuada actividad criminal desarrollada por la organización alrededor del Grupo Cenyt» y el origen de las «operativas de blanqueo de capitales» que se están investigando.

En este sentido, el juez libra una ampliación de la comisión rogatoria que ya envió a República Dominicana para «reconstruir completamente el movimiento de los fondos recibidos de algunos de los más importantes clientes » del entramado y el patrimonio que Villarejo y otros amasaron en el exterior.

Todos los empleados de Cenyt

Asimismo, el juez ha acordado citar a declarar de nuevo al comisario, su mujer, Gemma Alcalá; su hijo José Villarejo Gil y el abogado de sus empresas, Rafael Redondo; imputados por blanqueo y organización criminal. Será, si no hay cambios, el 28 de febrero.

Queda por poner fecha a la otra batería de citaciones acordada para esta parte de la macrocausa. Ha resuelto citar como testigos a todos los empleados de comisario que figuran como tales en la Seguridad Social. Algunos ya están imputados en otras piezas separadas y otros nunca han sido llamados a declarar pese al conocimiento que podrían tener de cuanto se cocía en el entramado de Villarejo.

Anticorrupción pidió esta diligencia al considerar «necesario determinar las funciones» que cada uno desempeñaba en las empresas y averiguar cuál era la capacidad decisoria y el rol que jugaban allí tanto el propio Villarejo como Redondo en los encargos para clientes particulares. La investigación por ello, se prorrogará seis meses más.

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