El juez reabre la causa por la segunda estafa al Ayuntamiento de Madrid
El instructor adopta esta decisión después de que la Policía comunicara que el presunto estafador reside en Inglaterra
El Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid reabre la investigación sobre la segunda estafa que habría sufrido el ayuntamiento de la capital durante la primera ola de la pandemia por la que el consistorio pagó 1,25 millones de euros a una consultora de Nueva York, Sinclaire and Wilde , por 500.000 mascarillas que, según se comprobó, no cumplían con la normativa vigente.
Es una decisión que llega después de que la policía facilitara una nueva localización del presunto responsable en un «informe ampliatorio con fecha del 12 de abril de 2022» en el que señalaba que tiene su residencia en Inglaterra. «Ante una nueva pista sobre el posible paradero de la persona que habría actuado como intermediaria en la operación de la compra procede la reapertura de las actuaciones y practicar nuevas diligencias tendentes al esclarecimiento de los hechos«, argumenta el juez en un auto al que tuvo acceso ABC. Se trata de Philippe Haim Solomon el empresario tras la consultora neoyorquina Sinclaire and Wilde que había cerrado la venta con el ayuntamiento.
Además el instructor da un plazo de quince días al consistorio y a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid para que aporten toda la documentación relativa a la contratación -incluida la copia original de los expedientes administrativos- así como los correos electrónicos que intercambiaron. También requiere a la Policía Judicial que recopile la información que se presentó en la Aduana del Aeropuerto y aporte todos los datos que tenga sobre el presunto autor de la estafa.
En esta ocasión el ayuntamiento aprobó la compra el 23 de marzo de 2020 de un millón de mascarillas FFP2 por 2,5 millones de euros que debían llegar a la capital en dos tandas. El proveedor, una consultora de Nueva York, a la que el consistorio acabó haciendo una única transferencia por la mitad de dinero para el primer envío. No hubo un segundo porque en abril, con las mascarillas ya en camino, los servicios jurídicos del ayuntamiento detectaron irregularidades . Según el atestado de la Policía Municipal, faltaban las certificaciones de calidad a pesar de que se habían solicitado en numerosas ocasiones. Reclamaron la devolución del importe sin obtener respuesta.
La mercancía acabó llegando a la aduana del aeropuerto de Barajas. Medio millón de mascarillas que, según el director general de Emergencias y Protección Civil, «no se ajustaban a los requisitos técnicos de la normativa española ni europea».
Llegó a la conclusión de que el producto, «si bien con apariencia de veracidad» presentaba «indicios suficientes» de que no cumplían las garantías sanitarias básicas como para entregárselas al personal de Emergencias. Puso el asunto directamente en manos de la Policía Municipal, que llegó a la conclusión de que la documentación que viajaba con los tapabocas tampoco era la que correspondía: «Incluye documentos que se indican para otros productos, como pueden ser cosméticos», decía el atestado.
Colaboración neoyorquina
La Policía Municipal recurrió a sus colegas de la Policía Metropolitana de Nueva York y les facilitó las señas de Solomon en esa ciudad. Llamaron a su puerta pero quien abrió fue un ciudadano de origen chino, quien reconoció haber prestado su dirección a la consultora para que la utilizase como domicilio fiscal, pero de su administrador no tenía ni idea. Refirió que no le conocía en persona, más allá de llamadas online, y se quejó a los agentes de que de un tiempo a esa parte estaban llegando a su nombre distintos requerimientos judiciales. No sabía cuál podía ser su paradero. Se sospechaba entonces que podría encontrarse en Reino Unido .
La reapertura de la causa se suma a la investigación que también sigue un juzgado de Madrid por la comisión de cerca del 48 por ciento que los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño se llevaron por su intermediación. Ambos contratos son de las mismas fechas, de marzo de 2020, en plena pandemia, cuando reinaban la escasez y la necesidad de material sanitario. De hecho, el Ayuntamiento de Madrid aportó a la Fiscalía Anticorrupción la documentación relativa a esta otra estafa, para que lo tuviesen en cuenta en sus pesquisas sobre los dos comisionistas y pudieran constatar qué hizo el consistorio cuando en un contexto similar, detectó que había un engaño.
El Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid ha aceptado la personación del Ayuntamiento de Madrid y la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios para que ejerzan la acusación particular en esta nueva investigación. También ha autorizado la personación del PSOE y Más Madrid, en su caso, como acusación popular.
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