El juez pone en libertad al presunto estafador de las criptomonedas tras aceptar un millón de fianza
La Fiscalía informó a favor de considerar bastante la cuantía sin perjuicio de investigar el origen del dinero
Una empresa de Sevilla pone un millón de euros para sacar bajo fianza al rey de las criptos
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Alejandro Abascal, ha acordado este miércoles la inmediata puesta en libertad de Javier Biosca, imputado por un rosario de delitos relacionados con una presunta macroestafa millonaria con criptomonedas a trescientas personas y que llevaba en preventiva desde su detención en junio del año pasado.
La resolución es fruto de la fianza de un millón de euros en metálico que el martes consignó una empresa de Sevilla en favor de Biosca, tal y como informó este diario. El juez pidió a la Fiscalía un informe urgente sobre la conveniencia de dar por bueno el dinero y lo que ha contestado el Ministerio Público, de acuerdo a la documentación a la que tuvo acceso ABC, es que una vez consignados los fondos en el juzgado, «procede la inmediata libertad provisional», con cautelares y « sin perjuicio de que pueda investigarse el origen y trazabilidad de dicha cantidad ».
«Al haberse prestado la fianza fijada para la exoneración de la medida privativa de libertad contra Javier Biosca, es procedente, de conformidad con lo acordado, y aun cuando los hechos que se investigan continúen revistiendo los caracteres de delito y existan indicios racionales de criminalidad contra el investigado, llevar a efecto la libertad provisional de aquél», dice en consecuencia el juez Abascal.
Le impone no obstante, comparecer en sede judicial cada quince días, entregar el pasaporte y prohibición de abandonar territorio nacional, en línea con lo que fijó la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional , que atendiendo un recurso de Biosca, fijó que podía salir en libertad provisional con cautelares si consignaba un millón de euros como fianza y estaba sujeto a esas medidas tendentes a impedir que se fugue.
«El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones antedichas supondrá inmediata orden de detención contra el inculpado y la modificación de su situación personal atendiendo a las exigencias legales», señala el juez.
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