Causa tándem
El juez investiga a un policía en activo que colaboró en un encargo de Villarejo
Un informe revela que «se encontraba realizando vigilancias y seguimientos« con los detectives a quienes el comisario encomendó la misión
Declara este jueves en la Audiencia Nacional junto a otros implicados en esta pieza separada de Tándem denominada «Pintor»
Un policía de Málaga que se encontraba de baja por enfermedad colaboró en el espionaje al ex juez Javier Urquía que el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo encomendó a unos detectives por encargo, a su vez, de unos empresarios. Tanto los «clientes» como ese agente y otro investigador declaran como imputados este jueves en la Audiencia Nacional.
Se trata de la pieza separada número 6 de la macrocausa Tándem que se sigue en la Audiencia Nacional, conocida como «Pintor». En este caso, se presume que los hermanos Juan y Fernando Muñoz Tamara contrataron a Villarejo para que espiase al abogado de Mateo Martín, con el que tenían un litigio , a fin de conseguir que firmase el acuerdo ventajoso para ellos. Ese abogado era Urquía, juez instructor apartado de la carrera.
Según refleja el informe de la Unidad de Asuntos Internos al que tuvo acceso ABC, con los detectives colaboró un policía en activo, José Manuel González, que estando de baja por enfermedad en las fechas en que se hizo parte del trabajo, entre marzo y abril de 2017, «se encontraba realizando vigilancias y seguimientos junto con el resto de participantes sobre la persona de Javier Urquía«.
Los agentes lo descubrieron tras analizar la documentación intervenida en las entradas y registros practicadas el pasado mes de febrero en las dependencias de esos detectives, que fueron detenidos aunque quedaron en libertad, y están imputados en la causa , igual que el policía. Entre ellos se encuentra Nuria Morales, que según uno de los papeles hallado en la operación, convivía con González.
En los registros no aparecieron las conversaciones de grupos de WhatsApp que mantuvieron mientras realizaban los seguimientos, pero también la documentación del contrato, los honorarios, los datos de los espiados que manejaban y el resultado su trabajo: el vídeo que grabaron a Urquía utilizando una cámara oculta en el cuarto de baño de una discoteca.
De hecho, los investigadores han podido trazar el modo en que le tendieron la trampa: Primero, revisaron el local haciendo «fotos a paredes y techo, zonas donde poner la cámara», luego adquirieron el dispositivo y finalmente, lo ubicaron «oculto en los inhibidores de humo».
Una lapa de geolocalización y datos policiales
«Es reseñable que en algunos de los videos de vigilancias realizadas sobre la persona de Mateo Martín, tratándose de una grabación realizada por Nuria Morales en una de las vigilancias, se puede observar que dicha vigilancia la realiza junto a José Manuel González , funcionario de Policía Nacional que en ese momento se encontraba en situación de Licencia por enfermedad», apunta Asuntos Internos. Él aparece en la grabación.
El análisis del material revela además, que los detectives utilizaron un «dispositivo de geolocalización» que sólo puede ponerse en un vehículo cuando media autorización judicial, «circunstancias que no se cumple en este caso», tal y como reza el informe. De hecho, días después del seguimiento, una de las detectives afirmó que tenía que desplazarse para «quitarle el cacharro» al coche de Urquía, igual que en otro momento de las conversaciones comentaron la necesidad de poner «una lapa» en el coche de su representado.
Pero además de los mensajes de Whatsapp, la Unidad de Asuntos Internos se topó durante los registros con dos informes sobre Urquía y Martín que contenían «información extraída de bases de datos policiales de carácter restringido».
Este jueves están citados en la Audiencia Nacional tanto los empresarios que habrían hecho el encargo a Villarejo, como su socio en el grupo que regentaba, Rafael Redondo, además de González y la también investigada Elisa Gabán.
Noticias relacionadas
