El juez ve «incompatible» que Iglesias y su asesora compartan abogado en el caso Villarejo

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha dictado una providencia en la que vuelve a alertar del «conflicto de intereses» que se produce entre el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y su exasesora Dina Bousselham en el caso Villarejo, pues comparten abogada cuando el primero ha recurrido la pérdida de condición de perjudicado y la segunda está amparada por el Estatuto de la Víctima del Delito.

La providencia, a la que tuvo acceso ABC, da traslado a la Fiscalía Anticorrupción y el resto de partes personadas en esta pieza separada de la macrocausa Tándem para que se pronuncien sobre el recurso de Iglesias contra su expulsión del procedimiento y el escrito de Bousselham en el que se retracta de declaraciones que le pusieron a él en una situación comprometida.

No obstante, lleva además un aviso a navegantes. El pasado 22 de mayo, tal y como adelantó ABC, la Fiscalía Anticorrupción propuso al juez que citara de nuevo a Bousselham y le ofreciese la posibilidad de perdonar expresamente a Iglesias ante los indicios de dos delitos detectados a lo largo de la instrucción, revelación de secretos y/o destrucción de daños informáticos, que requieren que ella denuncie o al menos, se reconozca como perjudicada.

El juez, que ya desestimó en un auto el pasado 25 de mayo esta pretensión , se vuelve a hacer eco del asunto en la providencia en la que da traslado para informe y recuerda que incluso con el escrito de la semana pasada en el que ella matizaba hasta la rectificación sus declaraciones anteriores , ya dejó clara su «voluntad de esclarecer los hechos que son objeto de este procedimiento».

Recuerda en este sentido que el Estatuto jurídico de la Víctima del delito le reconoce potestad de ejercer la acción penal y ella la ha venido practicando desde el inicio mismo de las actuaciones interesando diversas diligencias.

Por eso, entiende que en este contexto, y habida cuenta de la «obligación inherente a las autoridades y funcionarios» de proteger su dignidad como víctima, su «posición procesal» es «incompatible» con la que ha sostenido la misma letrada al pedir, en representación de Pablo Iglesias, que se le mantenga como perjudicado en el procedimiento. Da a las partes dos días para presentar alegaciones ante el «conflicto de intereses constatado».