El juez de la «caja B» investiga vínculos entre dos adjudicaciones públicas y pagos al PP
Acuerda diligencias para esclarecer si Fomento y el Canal de Isabel II beneficiaron a una empresa a cambio de donaciones
El titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata , ha acordado, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, requerir documentación a la Entidad Pública del Suelo (Ministerio de Fomento) y al Canal de Isabel II sobre dos contratos adjudicados en 2003 y 2003 a una constructora ante la «correlación objetiva, subjetiva y temporal» con entregas de dinero en efectivo al entonces tesorero del PP Luis Bárcenas .
En un auto al que tuvo acceso ABC, el juez que investiga las anotaciones contables que Luis Bárcenas recogió hasta 2008, expone que «existe una indiciaria relación de causalidad entre las donaciones, las subsiguientes actuaciones desplegadas para entablar los contactos y las relaciones establecidas» que, en ocasiones, tenían como resultado «los contratos recibidos».
«En estas actuaciones intervenía Francisco Correa (el empresario cabecilla de la trama Gürtel que ya acumula varias condenas por su participación) en unión de Bárcenas y otros mediante un acuerdo de colaboración: actuaba como intermediario entre grandes empresas y la Administración para lograr un trato de favor hacia las mismas obteniendo a cambio una comisión », expone el auto.
En este contexto, sitúa los dos proyectos de los que ahora ordena recabar más información. Uno, para la construcción, puesta a punto y funcionamiento de la segunda fase de la depuradora de aguas residuales Monte Boyal (en una localidad de Toledo) en abril de 2003 a cargo del SEPES, que dependía de Fomento. Considera que «existe una correlación objetiva, subjetiva y temporal con una entrega de 60.000 euros registrada en la contabilidad gestionada por Bárcenas equivalente al 2% del importe de adjudicación sin IVA».
El adjudicatario era Degremont S.A., que entonces presidía Rafael Palencia, a quien el instructor describe como «donante de fondos a la formación política». Le sitúa intentando otra adjudicación pública por intermediación de Bárcenas, que le puso en contacto con la que fue concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid entre 2003 y 2007, «si bien finalmente no obtuvo» el contrato para la conservación de la EDAR La Gavia «en el año 2007 como lo había conseguido en el año 2006».
De la Mata requiere al secretario general del SEPES o a su responsable de asesoría jurídica que aporte toda la documentación de aquel contrato: ofertas presentadas, justificación de la puntuación otorgada a cada una y memoria del presupuesto, así como cualquier archivo o documento en cualquier soporte que obre en su poder y tenga que ver con esta adjudicación.
En cuanto al segundo contrato, se trataba de servicios de explotación de las depuradoras de aguas residuales de la ciudad de Madrid (la de Viveros de la Villa, en concreto) en 2006, y el contratante era el Canal de Isabel II, «existiendo una correlación objetiva, subjetiva y temporal con una entrega de 35.000 euros registrada en la contabilidad gestionada por Bárcenas».
Para esclarecerlo, el juez requiere a la secretaria del Consejo de Administración del Canal la documentación que justifica la exclusión del resto de licitadores, así como la documentación que presentaron y la justificación de la puntuación técnica y económica otorgada a cada una de las ofertas.
Estas diligencias traen cuenta de la denominada operación Kitchen, un dispositivo parapolicial para sustraer documentación comprometedora que Bárcenas pudiera ocultar sobre el PP y que se investiga en otro juzgado en el contexto del caso Villarejo. En la documentación intervenida a este polémico comisario obraban anotaciones manuscritas, tarjetones y facturas que para De la Mata , apuntalarían la entrada de dinero negro en la formación que venía investigando.
Al hilo de aquello, el pasado mes de abril ordenó requerir documentación tanto al SEPES como al Canal de Isabel II sobre estas adjudicaciones a Degremon, reactivando así la causa. Vista aquella información, Anticorrupción solicitó la incorporación de más detalles a la causa para profundizar en si las adjudicaciones fueron ilícitas o no.
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