Los jueces se rebelan ante el «desconocimiento absoluto de la separación de poderes»

Hartos del cuestionamiento de sus resoluciones y de los continuos ataques a su independencia, los jueces de toda España se han rebelado contra el poder político pidiendo a sus dirigentes respeto hacia un «sistema judicial garantista de alta calidad» pero poco ágil, mal gestionado y escasamente dotado. «Son constantes los discursos que pretenden desprestigiar el trabajo judicial y la independencia de los jueces, y lo hacen, además, con afirmaciones sorprendentes que evidencian un absoluto desconocimiento de la función judicial , del respeto a los derechos procesales e incluso de la separación de poderes».

Así lo ponen de manifiesto en las conclusiones de las XXVIII jornadas nacionales de jueces decanos de toda España que este año se han celebrado en Melilla. Los togados denuncian que no existe una «firma y decidida voluntad política para construir un Poder Judicial fuerte, moderno y eficaz» . Y ello, dicen, porque «no es rentable, no da votos».

Muchas de las reivindicaciones de los jueces vienen ya de antiguo: las llevan poniendo de manifiesto en cada uno de los encuentros anuales. Con escaso éxito. Más medios materiales y personales, planes de cargas de trabajo, mejoras retributivas, motivación de los nombramientos, autonomía presupuestaria, reformas legislativas.... Ninguna de estas reivindicaciones ha visto la luz. Hoy es indifirente que un órgano judicial dupliquem triplique o cuatriplique la carga de entrada de asuntos recomendable y que ello retrase la respuesta judicial. «En este contexto, con miles de causas complejas (la mayor parte de ellas relacionadas con corrupción) y avalanchas de demandas (claúsulas abusivas, ejecuciones hipotecarias...) es sorprendente que en España la justicia esté funcionando razonablemente bien pese al olvido institucional», subrayan.

Los decanos aprovechan sus conclusiones para hacer especial mención a la Constitución en sus 40 años de vigencia. La Carata Magna «nos ha regalado el más dilatado periodo de estabilidad y convivencia pacífica de la historia de España así como de desarrollo económico y social, en el marco de un Estado de Derecho en el que los derechos y libertades de todos los ciudadanos están plenamente garantizados».