Las 19 medidas que reclaman jueces y fiscales
Más medios, más independencia y mejoras retributivas, estas son las reivindicaciones del colectivo
Los jueces y fiscales de España participan este martes en la primera huelga en la justicia que afronta la legislatura de Rafael Catalá. La mayor parte de sus reivindicaciones no son nuevas (de hecho, algunas se remontan ya a dos décadas), y se pueden resumir en más medios, más independencia y mejoras retributivas.
Estas son las propuestas de los operadores jurídicos para una justicia mejor.
1- Para el Consejo General del Poder Judicial piden un nuevo sistema de elección de los vocales de procedencia judicial de forma que sean elegidos por los propios jueces; sustituir el funcionamiento presidencialista de este órgano por el colegiado, la dedicación exclusica de los vocales (ahora sólo la tienen siete de los 20) y recuperación de las competencias que el CGPJ tenía antes de la reforma de Ruiz-Gallardón.
2- Un respaldo efectivo por parte del CGPJ a los jueces a los que representa. «Resulta llamativa la escasa utilización del procedimiento de amparo» previsto en la ley del Poder Judicial, dicen.
3- Para los nombramientos de altos cargos judiciales piden un «proceso transparente» , con fijación de unos criterios objetivos basados en el mérito y capacidad e igualdad de género. Exigen que se motiven esos nombramientos no solo respecto a los méritos del designado, sino también en su relación con los de los demás aspirantes. En los de magistrados del Tribunal Supremo y presidentes de Tribunales Superiores de Justicia reclaman una mayoría cualificada.
4. Supresión de los magistrados designados por los Parlamentos autonómicos.
5. Plan de inversión suficiente y prolongado para conseguir un servicio público que asegure la calidad de la respuesta, rapidez en la resolución y garantías de los derechos fundamentales.
6. Para la modernización de la Administración de Justicia es preciso un importante esfuerzo inversor . Un plan decenal de inversiones prorrogable, destinado, entre otras cuestiones, a incrementar el número de jueces y juezas, equiparándolo a la media europea; a modernizar los edificios judiciales; a implantar el expediente judicial útil y operativo, y a procurar los medios necesarios para hacer efectivos los derechos reconocidos en las leyes (Estatuto de la Víctima. la interpretación y traducción en los procesos penales, etc).
7. Racionalización de la planta judicial, con la implantación de los tribunales de instancia . Mientras tanto, abogan por crear órganos judiciales suficientes para atender al incremento de litigiosidad, pues en los últimos años no se han creado juzgados. Piden también la eliminación de la figura de las adscripciones forzosas, así como las de «sustitución y refuerzo».
8. Revisión de la oficina judicial sobre las experiencias piloto. Invertir en su implantación, atendiendo a los principios de eficiencia, coordinación y delimitación de funciones.
9. Compatibilizar de los distintos sistemas de gestión procesal existentes en todo el territorio nacional , según la comunidad autónoma de que se trate.
10. Dotación de medios materiales adecuados a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción, ampliando las plantillas, reforzando especialmente el auxilio de los órganos judiciales y fiscales que investigan causas de este tipo (unidades de Policía Judicial, de auxilio de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado).
11. Mejoras salariales que permitan recuperar los recortes de los últimos siete años.
12. Recuperación del régimen de vacaciones y permisos vigente al momento de la supresión y reducción en 2012.
13 . Implantación urgente de unas cargas máximas de trabajo , con la participación de las asociaciones judiciales en la fijación de las mismas, y la adopción de medidas preventivas frente a los riesgos psicosociales.
14. Garantizar una adecuada asistencia de la Mutualidad General Judicial para resolver la problemática específica planteada en todo momento por los jueces y juezas.
15- Más conectada ya con las reinvindicaciones específicas de los fiscales, cuya concesión depende del Ministerio, piden la derogación del sistema de plazos máximos de instrucción mientras no se dote de los medios necesarios al efecto.
16- Paralización de la implantación de la justicia digital en tanto no se garantice el correcto funcionamiento de los programas y equipos.
17- Dejar la formación de los fiscales en manos de la Fiscalía General del Estado.
18 -Refuerzo de la independencia del Ministerio Fiscal.
19- Autonomía presupuestaria de la Fiscalía.
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