Intervienen los móviles de tres guardias civiles que insultaron a un capitán
El mando prohibió a una pareja de agentes llevar su propia mascarilla al inicio de la pandemia para no «alarmar» pese a que tienen un hijo con leucemia, y esa orden provocó la reacción de sus compañeros
Tres guardias civiles de la Comandancia de Sevilla se han quedado sin sus móviles y sus tarjetas SIM y no saben cuándo los recuperarán. Se los han intervenido para investigar la autoría de unos audios por la posible comisión de delitos contra la disciplina militar. Ahora el laboratorio de Criminalística del Cuerpo los analizará en busca del supuesto autor. La denuncia la ha realizado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Sevilla a la que están afiliados. Pero la historia de los móviles trae cola.
El motivo del decomiso, según la denuncia, es que esos audios se publicaron en un chat de whatsapp de un grupo de agentes. De ahí, llegaron a un oficial y se abrieron entonces sendos expedientes por un supuesto delito militar porque, al parecer , se «insulta» o «injuria» a dos oficiales por su forma de actuar y ordenar a sus subordinados durante los inicios del estado de alarma.
El origen de los audios, según AUGC, fue el malestar entre varios agentes por las órdenes contradictorias que impartieron sus mandos respecto a las instrucciones de las autoridades sanitarias. El capitán, responsable entre otros del cuartel de La Roda (Sevilla), ordenó a una pareja de guardias civiles a su mando que no utilizaran mascarillas para no «alarmar» a la población. Ambos llevaban FPP2, costeadas de su bolsillo, en un momento, inicio de la pandemia, donde no había material sanitario disponible, como denunció reiteradamente ABC. Ellos alegaron que su hijo sufría leucemia y tenían miedo de contagiarlo.
Varios compañeros al enterarse de lo que había ocurrido supuestamente insultaron y faltaron al respeto al capitán en esos audios, el 20 de marzo de 2020. Dos días después, el máximo responsable operativo de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, respondía ante esta problemática y señalaba que «se habían dado instrucciones para que, quien quiera, pueda usar material de protección sin ningún problema», contradiciendo la orden del capitán de La Roda respecto a la limitación del uso de mascarillas.
El oficial denunció a tres guardias por un supuesto delito militar por «insulto a superior», pero como nadie reconocía la voz del audio se archivó el procedimiento en el tribunal militar por falta de pruebas. El mando, ahora comandante, recurrió el auto de archivo y solicitó que se volviera a examinar el audio.
El departamento de Acústica de Criminalística de la Guardia Civil indicó que no se podía realizar la pericial sin aportar el original, por lo que se dictó nuevo auto en el que se remiten las actuaciones a Policía Judicial para que investigue y encuentre ese original. Ahora se está a la espera de que se examine el teléfono de esos tres agentes en busca del audio de los insultos.
La pareja de agentes, origen de los hechos, denunció al capitán por impedirles el uso de mascarilla particular, aunque también fue archivado. Ella pidió traslado a otro cuartel pese a que el oficial también está ya en un nuevo destino.
La AUGC denuncia que se utilicen medios internos y se detraiga personal para investigar unas supuestas infracciones disciplinarias, «que en cualquier otro Cuerpo se solucionan con el régimen disciplinario». A su juicio, «se crea un gasto innecesario al Estado, que pagan todos los ciudadanos, pues se detraen especialistas (Policía Judicial y Criminalística) que investigan delitos penales comunes, con riesgo de prescripción de pruebas de delitos comunes, para dedicarlos a satisfacer el afán militarista de un oficial y se crea un grave perjuicio a los agentes a los cuales se les ha intervenido sus teléfonos móviles «sine die», que deberán seguir pagando sus facturas, y que estarán incomunicados al no poder tener acceso a su número de teléfono».
La asociación lleva años reclamando que deje de aplicarse el Código Penal Militar a los guardias civiles en funciones policiales, e incluso a situaciones producidas fuera de servicio. «Se trata de una herramienta abusiva, arbitraria y a todas luces injusta, que supone que un trabajador, un servidor público, pueda acabar entre rejas como consecuencia de un insulto, pero es que en este caso, realizados en una red social y del ámbito privado».
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