Los informes secretos de Pino costaron más de un millón de euros solo en personal

Diez funcionarios, entre diez y doce informes (algunos muy mediáticos) y casi un millón cien mil euros solo en sueldos. Son las cifras aproximadas de la cuestionada Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC), creada por el anterior «número 2» de la Policía, Eugenio Pino, a su servicio, y disuelta por su sucesor, Florentino Villabona , a la semana siguiente de tomar posesión. Empezó a perfilarse a finales de 2012, según han confirmado a ABC fuentes de Interior, aunque hasta 2015 no se elaboró un protocolo de actuación que fue enviado a todas las Unidades (apenas un par de folios). Según figura en ese protocolo mínimo, estaba integrada en Asuntos Internos de la Dirección Adjunta Operativa (DAO); sin embargo, fuentes policiales señalan que siempre dependió directamente de Pino y que solo compartió con Asuntos Internos un par de despachos que había libres hasta que sus miembros fueron trasladados a otras dependencias.

Otro dato que no encaja. Al frente, colocó el DAO a una inspectora jefe de su confianza, Nuria Mazo, que ascendió a comisaria en diciembre de 2014, a la vez que su marido, también muy cercano a Pino . Ambos habían sido trasladados desde Pamplona en comisión de servicio con sus consiguientes dietas. Junto a Mazo trabajaba un inspector y ocho policías, aunque tampoco la cifra fue constante, dado el hermetismo que había alrededor de la BARC.

Según las retribuciones brutas de la Policía Nacional, el coste anual de los sueldos de esos diez funcionarios entre 2013 y 2015 sería de alrededor de 800.000 euros; a los que hay que sumar los 282.500 de 2016. Casi un millón cien mil euros con un cálculo conservador , dado que no se tienen en cuenta ni dietas, ni los meses de 2012 y 2017 ni otro tipo de gastos. Más de un millón de euros, en teoría, para examinar el trabajo policial en investigaciones tanto en curso o «activas» como concluidas o «pasivas».

Pero Pino, ya como «exnúmero 2» abrió la caja de los secretos al revelar hace unos días que había encargado a dicha Brigada un informe del 11-M, otro del «chivatazo» del Faisán y un tercero de Marta del Castillo. Cuando el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, quiso saber qué había sido de esos informes ninguno aparecía; el de Marta ni siquiera existía. «Iban a empezarlo un par de días antes de la disolución de la Brigada» , señalan las fuentes consultadas, pese a que hace más de un año que se anunció a bombo y platillo unas nuevas pesquisas sobre un caso juzgado por el Tribunal Supremo. «Me preocupa que no aparezcan», admitió Zoido en rueda de prensa.

Tres días después, Interior informó de que el del 11-M había «aparecido»; lo encontró la comisaria jefa de la Brigada disuelta, Nuria Mazo, aunque no han trascendido qué explicaciones ha dado sobre su silencio en el entreacto . Ella y el resto del equipo serán destinados al futuro Centro Nacional de Desaparecidos; al menos esa era la intención antes del hallazgo de solo uno de los dos informes más controvertidos (el del Faisán sigue en paradero desconocido). El del 11-M la Policía lo envió al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, quien en unas horas lo archivó sin remitirlo a ningún juez.

En total, se han elaborado una decena «sin validez judicial» , según fuentes de Interior. El coste aproximado cien mil por informe. Solo en personal.