El independentismo reta a Sánchez al aprobar una resolución anulada por el TC
Los letrados de la Cámara catalana advierten de que la moción aprobada no se ajusta a la legalidad constitucional
El Gobierno rehúsa impugnar la moción, dice que «no tiene recorrido legal» y pide «cautelas»
El independentismo catalán mantiene el pulso al Estado de Derecho y, solo cuatro días antes de la reunión de Quim Torra con Pedro Sánchez en La Moncloa, ayer, el Parlamento autonómico aprobó una moción de Junts per Catalunya (JpC), ERC y la CUP que recupera la Resolución 1/XI, del 9 de noviembre, de 2015 con la que el secesionismo institucional dio por iniciado «el proceso de creación de un Estado catalán independiente en forma de república» y anunció que se desvinculaba de todas las decisiones («no se supeditará», señalaba el texto) que adoptase, a partir de entonces, el Tribunal Constitucional (TC) y el resto de las instituciones nacionales.
El Gobierno asiste con «cautelas» al nuevo desafío desde el Parlamento de Cataluña. Desde el Ejecutivo de Sánchez se aseguraba a primera hora de la tarde que se iba a esperar a ver cómo evolucionaba el pleno . Una vez votada y aprobada la moción desde el Ejecutivo se aferraban a que se trataba de «una moción sin ningún efecto legal».
Esta Resolución 1/XI 2015 fue anulada por el TC en una decisión unánime y que se llevó a cabo solo un mes después de que el Gobierno, entonces de Mariano Rajoy (PP), presentase el correspondiente recurso de inconstitucionalidad . Un mes. Un tiempo récord para una decisión del Alto Tribunal, que consideró la resolución no ajustada a la Constitución y no dejó margen para la interpretación.
Pese a la mano tendida que viene reiterando el Gobierno de España en pleno, desde que Sánchez llegó a La Moncloa, hace un mes, el secesionismo sigue su línea de actuación, anunciada incluso antes de que se levantasen las medidas aprobadas por el Senado en aplicación del artículo 155 de la Constitución. El Parlamento catalán, con mayoría secesionista y siguiendo esta máxima, volvió ayer a ser el escenario del rodillo independentista y ratificó «su firme voluntad de llevar a cabo las actuaciones necesarias previstas y aprobadas (...), para lograr y culminar democráticamente la independencia de Cataluña» y reiteró «los objetivos políticos que contiene la Resolución 1/XI, del 9 de noviembre (2015)».
En el texto aprobado este jueves también se especifica que el Parlamento autonómico apuesta, nuevamente, por su «defensa al derecho a decidir y la autodeterminación» , en tanto que «depositario de la soberanía del pueblo de Cataluña», y recalca «su compromiso en lograr los objetivos políticos anteriomente expresados por vías democráticas y no violentas».
Los letrados
Antes de la votación y tras un rifirrafe entre Roger Torrent (ERC), presidente parlamentario, y José María Espejo-Saavedra (Cs), vicepresidente segundo de la Cámara catalana, precisamente por la tramitación de la moción, los letrados de los Servicios Jurídicos del Parlamento se desmarcaron de la iniciativa y firmaron un texto en el que: «Recomendamos que no se tramite» la propuesta de JpC, ERC y la CUP -presentada inicialmente por los antisistema y transaccionada con JpC y ERC- , porque «no resuelve las cuestiones inicialmente advertidas en la admisión a trámite de la moción». La advertencia de los juristas se leyó en el pleno, solo unos minutos antes de la votación.
De esta manera, los letrados parlamentarios vuelven a levantar la voz en público -ya lo han hecho en algunas reuniones de la Mesa y la Junta de Portavoces, según fuentes parlamentarias consultadas por ABC- para advertir de una iniciativa que tiene todos los visos de ser anulada por el TC.
Además, la moción incluye otros tres puntos más en los que, desde el Parlamento autonómico, se insta al gobierno catalán «a hacer efectivo el contenido de los artículos suspendidos por el Tribunal Constitucional» de 13 leyes y un decreto ley, entre los que se incluyen, específicamente, las leyes de Protección Social, que formó parte del corpus de las llamadas «leyes de desconexión», y la de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, así como la reforma de la ley de la presidencia de la Generalitat y del Govern, con la que se quiere conseguir que Carles Puigdemont pueda ser elegido presidente de la Generalitat sin necesidad de estar presente en el hemiciclo del Parque de la Ciudadela.
Los dos últimos puntos del texto aprobado ayer acotan al gobierno catalán a que en 90 días presente un «plan de ejecución de todas las medidas» que el TC ha suspendido y otros seis meses para que el ejecutivo de Torra «recupere los derechos y libertades» que, en opinión de los independentistas, figuran en otras 40 normas (según cálculos de la CUP) y que el TC ha anulado definitivamente.
«Responsabilidades personales»
Como si nada hubiera cambiado desde los meses de septiembre y octubre de 2017, la respuesta inmediata de la oposición fue, por un lado, la de no participar en la votación de la propuesta, opción por la que optaron Cs (cuyos diputados evidenciaron su no participación levantando las manos en el momento de las votaciones), el PSC y el PP; y la de votar en contra, que fue la apuesta de CatComú-Podem.
En el debate parlamentario, Carlos Carrizosa (Cs) advirtió de las «responsabilidades personales» que los miembros de la Mesa estaban, otra vez, «incurriendo» al permitir la tramitación de un texto ilegal, desde su punto de vista y del de los letrados. «Ya tienen otro motivo para el victimismo. ¿Se van a extrañar que esto se impugne ante el TC?», recordó el portavoz de la formación naranja. Por su parte, Ferran Pedret (PSC) insistió en que no existe una mayoría independentista en la sociedad catalana y Xavier García Albiol (PP) definió el momento como «carta de presentación del señor Torra en la reunión del próximo lunes con el señor Sánchez».
La opinión de los comunes le correspondió a Elisenda Alamany -partidaria de la secesión de Cataluña-, quien indicó que «la gesticulación nos lleva a la derrota» y apostó por «avanzar, pasar de los gestos a los hechos concretos». La moción independentista fue defendida por Vidal Aragonés (CUP), Sergi Sabrià (ERC) y Josep Costa (JpC). Este último, además, vicepresidente primero de la Cámara catalana y que ayer se estrenó desde el atril, criticó duramente a los magistrados del TC , a quienes consideró el «origen del problema». Y añadió: «Hemos recuperado las instituciones, pero no hemos recuperado la democracia».
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