El independentismo insiste en pedir una amnistía para burlar la acción de la Justicia
Los presos del «procés» consideran que el Supremo se «venga» de ellos
Amnistía y venganza. Los presos del «procés» y los líderes políticos independentistas reaccionaron airados ayer, al poco de conocer el auto del Tribunal Supremo que deniega la aplicación del régimen del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a Carme Forcadell y augura, según se puede interpretar, una posible revocación del tercer grado o semilibertad concedida por la Generalitat de Cataluña –en la actualidad– y autorizada por los juzgados de vigilancia penitenciaria a los nueve presos del «procés» que cumplen condenas de prisión.
Como es habitual en estos casos, cuando los tribunales de Justicia no dan la razón a sus tesis, el secesionismo catalán respondió al auto de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal cargando contra las instituciones nacionales. Quim Torra, presidente de la Generalitat, señaló en su cuenta de Twitter que «ningún independentista puede encontrar justicia» en el «Estado español» , una injusticia que, en su opinión, es conocida, porque «España no reconocerá el derecho a la autodeterminación de los catalanes». Así, Torra, condenado por desobediencia por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y a la espera de conocer el resultado del recurso presentado ante el Supremo, animó a los partidarios de la secesión de cara al futuro: «Todo depende del salto colectivo conjunto de todo el independentismo (instituciones más sociedad civil)».
En este mismo sentido valoró el auto del Supremo Carles Puigdemont , eurodiputado, expresidente de la Generalitat y fugado de la Justicia en la misma causa que los condenados por el Alto Tribunal. «Una vergüenza absoluta, una injusticia sobre otra injusticia, que compromete todavía más la actitud española con el Estado de derecho», escribió en su cuenta de la misma red social de internet que Torra, y expresó su apoyo a Forcadell, quien a su vez señaló –en Twitter– que la decisión del Supremo «es venganza» y defendió que el recurso sobre la competencia de la legalidad de la aplicación del 100.2 es cosa de las audiencias provinciales. «No me sorprende (el auto), de este Tribunal no espero justicia, sé que es venganza» , añadió.
«¡Seguiremos luchando!»
Precisamente venganza fue la palabra más repetida entre los presos del «procés» aunque no concretaron, ninguno de ellos, a qué tipo de venganza, desde su punto de vista, se referían, pues la Sala de lo Penal del Supremo que ayer denegó las medidas del 100.2 es el mismo tribunal que les juzgó por rebelión y les condenó por sedición.
Jordi Turull aseguró que «son más fuertes las convicciones y el compromiso que sus injusticias vestidas de escarmiento y venganza. Y cada día más». Quim Forn señaló que «ni la venganza ni la prisión les hará renunciar a seguir luchando por la libertad y la justicia». Josep Rull escribió –en dos tuits– que, tras esta decisión les revertirán el tercer grado: «Volveremos a la prisión-prisión. Castigo y venganza. El único idioma que conoce el Tribunal Supremo. Y, asimismo, no nos arrodillaremos. (...) Venganza sin límites ». Jordi Cuixart, que ayer estuvo firmando libros, aprovechando que se celebró el Día del Libro aplazado del 23 de abril, indicó: «¿Qué se han pensado? Cuanto más chantaje hacen, más fuerte es nuestra determinación. ¡Forcadell, seguimos y seguiremos luchando!». Y Raül Romeva añadió: «La venganza del Supremo no acabó con la sentencia, se recreará tantas veces como haga falta. (...) Hay algunos que ya hablaban de libertad cuando todavía estamos en plena venganza».
Referéndum, sí o sí
Siguiendo este argumento, Pere Aragonès, vicepresidente de la Generalitat y hombre de confianza de Oriol Junqueras, acusó al Supremo de actuar con «ánimo de venganza» contra los presos del «procés» y reclamó, como único paso previo a una posible solución a las demandas de los secesionistas , una amnistía para los condenados por la Justicia, que incluya también la vuelta a España de los que están fugados en el extranjero, como, además de Puigdemont, Marta Rovira, secretaria general de ERC desde 2011.
Aragonès se dirigió, sin decirlo, al Gobierno de España y defendió la labor de las juntas de tratamiento de las distintas prisiones de Cataluña, que autorizaron las medidas de los presos en base al 100.2 y que, en el auto del Supremo, los magistrados critican. Según el lugarteniente de Torra en la Generalitat, el debate jurídico de fondo es un «error de base extraordinario» en este caso, pues, desde su punto de vista, no puede ser que los líderes del «procés» estén en prisión por «poner las urnas» el 1-O de 2017.
Desde la Generalitat se instó al Gobierno de España a que se ponga las pilas y trabaje por una amnistía
Por todo ello, Aragonès advirtió al Gobierno indicando que «solo se resolverá» el conflicto, que considera político, si las instituciones aceptan las tesis de los independentistas y se reconoce el derecho a un referéndum de secesión en Cataluña. E insistió en que los dirigentes políticos nacionales «se pongan las pilas» y trabajen por una amnistía .
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