Tribunales
El horizonte penal (y electoral) de la juez de Podemos
La pérdida del aforamiento de la diputada Victoria Rosell traslada la pelota de su imputación al tejado del TSJ de Canarias; empieza la cuenta atrás para el 26-J sin que se espere una imputación formal antes de esa fecha
Sesenta días pueden marcar de forma decisiva el futuro procesal de Victoria Rosell, todavía hoy diputada de Podemos. Es el tiempo que falta para la celebración de las nuevas elecciones , a las que la juez (en excedencia) puede llegar imputada o simplemente con la sombra de la sospecha de un presunto cohecho y prevaricación. La decisión del Tribunal Supremo de admitir a trámite una querella por estos delitos, en relación con el retraso presuntamente injustificado de una causa que afectaba indirectamente a su pareja , el periodista Carlos Sosa, pone a la ministrable de Podemos a las puertas de una imputación que, si finalmente se produce, ya no llegará de la mano del Supremo.
La disolución de las Cortes y su renuncia a formar parte de la Diputación Permanente de la Cámara Baja, tienen una consecuencia inmediata, que es la pérdida de su aforamiento como diputada nacional, con lo que ya no será el Alto Tribunal el que la investigue. La pelota pasa ahora a manos del Tribunal Superior e Justicia de Canarias, pues pese a estar en excedencia, su condición de juez implica que sea ese TSJ, y no un juzgado ordinario, el que instruya el procedimiento y, en su caso, la siente en el banquillo.
Por la situación embrionaria en la que se encuentra esta investigación, el traslado de la causa de uno a otro tribunal, y los propios tiempos de la justicia, todo apunta a que Rosell llegará al 26-J en la misma situación en la que se encuentra hoy, máxime si el TSJC también lleva a la práctica la costumbre de no interferir con sus decisiones en la contienda electoral.
Lo cierto es que a día de hoy Rosell no está imputada, aunque la admisión a trámite de la querella y la investigación que iba a iniciar el magistrado Juan Ramón Berdugo a raíz de un demoledor informe del juez que ha sustituido a Rosell en Las Palmas no pintaba bien para la diputada de Podemos. En ese informe, que le solicitó el propio Supremo, Salvador Alba reconocía no encontraba una explicación razonable al hecho de que Rosell hubiera dilatado una causa en la que está imputado el empresario Miguel Ángel Ramírez cuando todos los demás asuntos del juzgado los llevaba al día. Se da la circunstancia de que el propio Ramírez, presidente del Unión Deportiva Las Palmas, reconoció ante el juez Alba hace un par de semanas que mantenía una relación comercial (por una licencia de radio) con la pareja de la juez Rosell , lo que complica más las cosas para la magistrada, en cuyo comportamiento el CGPJ no había visto (antes de estas últimas revelaciones) falta disciplinaria alguna.
El siguiente paso que tendrá que dar ahora el TSJ de Canarias, tan pronto como el Supremo le envíe el procedimiento, será iniciar una investigación, que puede concluir con el archivo de la querella o con la imputación de la juez. Sea como fuere, una hipotética imputación no tiene por qué excluirla de las listas de Podemos. Sería en todo caso una decisión personal y del líder de la formación morada , Pablo Iglesias, que ha mostrado todo su apoyo a su número uno por Las Palmas y su intención de mantenerla en las listas del partido.
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