El Gobierno se prepara para un nuevo desacato del Parlament
Torrent tendrá el lunes otra ocasión para evitar la desobediencia del pleno del martes
Martes próximo, 9 de octubre, a las tres de la tarde. Este es el nuevo «deadline» que Junts per Catalunya (JpC) y ERC marcaron ayer para poner en práctica el acuerdo aprobado, el jueves, por la Mesa del Parlamento catalán y que supondrá –si Roger Torrent no cambia de opinión– desobedecer al auto del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena del mes de julio, que suspende a seis diputados acusados de rebelión, entre ellos, Carles Puigdemont (JpC) y Oriol Junqueras (ERC).
El Parlamento autonómico informó este viernes de que la tercera y última jornada del debate de Política General, suspendida por Torrent en la tarde-noche del jueves, se celebrará por la tarde del martes día 9. Sin embargo, 24 horas antes, el lunes al mediodía, la Mesa tendrá que resolver las tres reconsideraciones que Cs, el PSC y el PP han presentado para que la fórmula de JpC no sea aceptada –ya que mantiene el voto delegado de los diputados afectados y no los suspende– y Torrent no se juegue una posible inhabilitación de cargo público.
A la espera de lo que suceda la semana próxima, el Gobierno de España ya se prepara para actuar. Una decisión que se sale de la línea estratégica que Pedro Sánchez quiere marcar en Cataluña. Un eventual recurso ante el Tribunal Constitucional, sería el segundo de este Gobierno , es ya más que una opción hipotética. La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, reconoció ayer que el Ejecutivo se encuentra «seriamente preocupado por el discurso del president Torra». Celaá acusó al bloque independentista de haber llevado a Cataluña a una «parálisis política» evidenciada en el «cierre del Parlamento». Y, por primera vez, avanzó posibles actuaciones: «Si el Parlamento adopta decisiones contrarias a la Constitución, el Gobierno actuará en consecuencia ».
En el Ejecutivo están muy pendientes de lo que suceda la próxima semana, y ayer la portavoz ya estableció una línea roja: realizar correctamente el proceso de «transmisión de voto» en las filas de JpC y ERC, y que «se lleve a cabo de conformidad con el auto del Supremo y de acuerdo con los letrados del Parlamento».
Pero la esencia estratégica del Gobierno sigue intacta, y se basa en tratar de evidenciar su apuesta por el diálogo: «Mientras tanto, el Gobierno sigue apostando por el consenso. Insta al presidente de la Generalitat a liderar un diálogo entre catalanes». Preguntada por el nivel de «paciencia» que el Ejecutivo está dispuesto a tener en su relación con los independentistas, Celaá especificó que no quería decir que fuera a ser infinita, pero sí dejó claro que no quiere la ruptura: « El Gobierno tiene la obligación de tener toda la paciencia y además ejercerla , porque lo que nos jugamos es mucho».
Inestabilidad y ultimátum
Sin embargo, esta paciencia de Sánchez choca con dos aspectos clave del gobierno catalán. Por un lado, la inestabilidad de JpC y ERC en la Generalitat. Todo lo que ha sucedido esta semana, especialmente en el Parlamento catalán, no hace más que poner en evidencia la debilidad absoluta de las dos formaciones, que no son capaces de formular un mensaje común de cara a negociar con el Gobierno.
A esto hay que añadir que ayer, para intentar salir al paso del evidente colapso al que se aboca el gobierno catalán, el presidente autonómico, Quim Torra (JpC), y su lugarteniente, Pere Aragonès (ERC), escenificaron lo que, a todas luces, supone estar en fase preelectoral en Cataluña. Se reunieron en el Palacio de la Generalitat y, tras el encuentro, leyeron ante los medios una declaración conjunta para recordar a Sánchez el ultimátum de noviembre y asegurar que mantienen la voluntad de no romper el gobierno catalán solo hasta la resolución del juicio del procés en el Tribunal Supremo.
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