El Gobierno pone el foco sobre la renovación del Tribunal de Cuentas para justificarse ante el independentismo
Insta al PP a renovar el organismo pese a que su mandato todavía no ha expirado para desviar el foco de una causa en la que reconoce que no puede intervenir y que trastoca la estrategia de distensión que el Gobierno quiere aplicar tras los indultos
El Gobierno es consciente de que las causas abiertas en el Tribunal de Cuentas están dando al independentismo una baza argumental para sostener el pulso tras la concesión de los indultos y defender que ese gesto de Pedro Sánchez no es suficiente.
El pasado viernes, no por casualidad, el secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos , se refería a estas causas como «piedras en el camino». Ese mismo día ABC publicaba como las fuentes del Gobierno consultadas reconocían que en este caso no podían hacer nada.
Esa resignación expresada primero por Ábalos y reforzada por el mensaje gubernamental de que no pueden intervenir forma parte del relato del Ejecutivo hacia los independentistas. La segunda parte de esa estrategia ha sido desviar el foco hacia la renovación de ese órgano, pese a que su mandato todavía no ha expirado (lo hará este mes) y pese a que está actuando en este proceso dentro del mandato para el que fue nombrado.
Al margen del Consejo de RTVE , el Defensor del Pueblo y el Consejo General del Poder Judicial , que sí llevan años con su mandato caducado, no fueron renovados en los contactos que el Gobierno y el PP arrancaron en el primer trimestre del año. Y el Tribunal de Cuentas va a correr la misma suerte. Y es a esa certeza de su no renovación a lo que se aferra el Gobierno en mitad de un proceso que complica su ansiada negociación con la Generalitat de Cataluña, y que el presidente del Gobierno quería derivar en un primer momento a las cuestiones económicas.
Tras el mensaje de la resignación y la incapacidad de intervención, esa es la segunda pata de la estrategia: presionar al PP con su renovación y asociar la actual composición del órgano con los populares. «Toca exigir del PP que proceda a la renovación de todos los órganos constitucionales. No es de recibo la actitud tremendamente antidemocrática de boicotear la renovación órganos constitucionales con la única motivación de que tiene una mejor mayoría ahora que la que saldría de la renovación. Un partido no puede ejercer el veto porque le benefician las mayorías actuales. Pablo Casado no reconoce la legitimidad del Gobierno. Pero esto no es voluntario, es obligado cumplir con el mandato constitucional de la renovación», ha dicho hoy la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. «Las democracias son sus instituciones. Un bloqueo hace mucho daño a la democracia. Es de primero de carrera. No hay excusa si de verdad nos creemos la Constitución», insistía en la misma comparecencia el ministro de Justicia , Juan Carlos Campo .
¿Planea el Gobierno cambiar la ley de elección de miembros? Tras el pasado verano, cuando el Gobierno registró su ley para modificar las mayorías del CGPJ, que luego tuvo que retirar, se sustanció en el seno del Gobierno el debate de si habría que proceder igual con el resto de órganos si persistía la imposibilidad de renovarlos. La ley orgánica de 1982 que regula el Tribunal de Cuentas establece en su artículo 30 que los consejeros «son elegidos por las Cortes Generales, seis por el Congreso de los Diputados y seis por el Senado, mediante votación por mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras». Con una mayoría absoluta sería suficiente para que el Gobierno cambiase esa mayoría.
Preguntada al respecto en la rueda posterior al Consejo de Ministros, la portavoz Montero planteó que el Gobierno ahora está en dar una «oportunidad» al PP para que «rectifique». Es exactamente lo mismo que dicen respecto al CGPJ una vez que retiraron la reforma de las mayorías. Sin establecer ni entonces ni ahora ningún plazo: «Vamos a esperar antes de anticipar», dijo Montero. Su respuesta, no obstante, no fue concluyente. Pero varias fuentes gubernamentales señalaron a posteriori que esa cuestión no está en estos momentos encima de la mesa. Ya que sería recuperar una estrategia de revisión de mayorías para la elección de los organismos constitucionales que el Gobierno se vio obligado a retirar entre críticas de la UE.
El Gobierno está en la retórica para intentar calmar a un independentismo que utiliza al Tribunal de Cuentas como pretexto para tomar la iniciativa ante un Pedro Sánchez que interpreta que los indultos han reforzado su posición negociadora hacia el independentismo. Pero un cambio en la composición del órgano no cambiaría la resolución de esta cuestión ya abierta, como reconoció Montero: «No es que su composición vaya a alterar o no las investigaciones que se puedan iniciar o que estén en curso. Es que para el buen funcionamiento de un órgano es necesaria su renovación»
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