El Gobierno lanza una ofensiva contra el independentismo a diez días de las elecciones
Además del decreto contra la «República digital» anunciado por el presidente en funciones, el Ejecutivo ha recurrido al Constitucional dos decisiones de la Mesa del Parlamento catalán
Lo avisó Pedro Sánchez , el presidente del Gobierno en funciones, esta mañana y Carmen Calvo , la vicepresidenta, lo ha confirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El Ejecutivo ha decidido solicitar al Tribunal Constitucional que se dirija a la Fiscalía para que esta analice la decisión del Parlamento de Cataluña de debatir sobre el derecho de autodeterminación y la Monarquía, a pesar de que el TC ya se lo había impedido. Además, ha aprobado un Real Decreto cuyo fin es acabar con la «República digital» , en palabras del presidente.
Calvo ha anunciado que este Real Decreto viene motivado por «la necesidad de protección al interés general» porque «buena parte» de los derechos se tienen que «proteger en el ámbito de las nuevas tecnologías». En este sentido, ha incidido en la protección de los datos personales y al refuerzo del DNI como documento único de identificación de los españoles . Entre las imposiciones de la medida está la obligación de que todos los servidores de internet empleados en España estén situados dentro de la Unión Europea.
Con respecto a la Generalitat, no ha querido confirmar si el Gobierno tiene información sobre la existencia de servidores ubicados en «paraísos digitales» que estén a disposición del Ejecutivo de Quim Torra , pero el presidente del Gobierno, en una entrevista concedida a Onda Cero , ha dicho esta mañana que el objetivo es «poner punto final al proyecto del independentismo de la República digital». Fuentes de La Moncloa han asegurado que estos servidores fuera de la UE sí que existen.
Tampoco ha querido relacionar la vicepresidenta esta medida con la proximidad de las elecciones. Para Calvo, se trata de un «trabajo de mucho tiempo» que era «urgente» porque afecta a «situaciones del orden cotidiano» . «Lo mejor no es esperar al tiempo que esta situación [de Gobierno en funciones] dure, es mucho mejor reaccionar cuanto antes», ha afirmado.
Aunque en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la Vicepresidenta no ha querido hacer menciones expresas a Cataluña al hablar del decreto, lo cierto es que esta medida parece una ofensiva contra «Identicat», anunciado por la Generalitat en septiembre. Se trata, según se afirmó en su presentación, de un «proyecto de identidad digital autosoberana» para «empoderar» a la ciudadanía.
Recursos al Tribunal Constitucional
Calvo también ha anunciado que el Consejo de Ministros ha aprobado plantear tres «incidentes de ejecución de sentencia» ante el Tribunal Constitucional por los acuerdos de la mesa del Parlament en los que se decide volver a debatir sobre el derecho a la autodeterminación y la Monarquía , además de sobre la sentencia del «procés. Se trata de temas llevados a la Mesa por JpC, ERC y la CUP.
Según la vicepresidenta, el Tribunal deberá analizar los dos primeros acuerdos para, en el caso de que existiera una desobediencia , trasladarlos a la Fiscalía. «Pedimos al Constitucional que considere si se ha traspasdo esa línea, si ha desautorizado el apercibimiento que él mismo hizo y que se dirija al Ministerio Fiscal para las consecuencias que se puedan tener», ha dicho. Sobre el debate de la sentencia del «procés», primero solicitará un informe al Consejo de Estado.
Además, en una nota de prensa entregada a los periodistas, el Gobierno ha señalado que «el presidente del Parlamento —Roger Torrent—, el secretario general y los demás miembros de la Mesa tenían pleno conocimiento de que con su acuerdo de admisión a trámite y con su acuerdo de rechazo de las reconsideraciones planteadas estaban incumpliendo resoluciones adoptadas por el Tribunal Constitucional, que además les fueron notificadas personalmente».
Protección a la Policía y la Guardia Civil
A esta batería de medidas se suma el anuncio de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tendrán «asistencia jurídica por parte de la Abogacía General», que se personará en su nombre por los «actos abiertos contra ellos en el ejercicio de sus funciones». En concreto, se ha referido a «agresiones físicas, amenazas, acusaciones o denuncias falsas contra ellos».
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