La Fiscalía del Tribunal de Cuentas reclamará a Puigdemont un mínimo de 5,9 millones
El fiscal denuncia al expresidente fugado y a todo su Gobierno por los gastos del «procés»
La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha denunciado a Carles Puigdemont, al exvicepresidente Oriol Junqueras, a dieciséis exconsejeros de la Generalitat y a la interventora general por los fondos malgastados en el proceso soberanista que desencadenó en la consulta ilegal del 1-O y en la Declaración Unilateral de Independencia (DUI).
La denuncia, presentada el martes y que trascendió ayer, sostiene que «a pesar de que el Tribunal Constitucional fue declarando progresivamente la nulidad e inconstitucionalidad de todo el andamiaje jurídico que acabamos de citar (las medidas secesionistas aprobadas en el Parlament), los miembros del Gobierno de la Generalitat de Cataluña apostaron por dar un nuevo impulso al proceso para lograr la independencia incumpliendo palmariamente los mandatos emanados del máximo intérprete de la Constitución».
A continuación, el fiscal ofrece una primera estimación de gastos, que no se fijará fehacientemente hasta la causa avance, tras la casi segura admisión de la denuncia por parte del Tribunal de Cuentas y el nombramiento de un «delegado instructor» (sirve como precedente la causa contra Artur Mas y varios exconsejeros por los gastos de la consulta del 9-N de 2014).
Las cantidades ya estimadas hasta con céntimos ascienden a 3.635.017,31 euros, entre las que destacan más de 900.000 euros destinados a la «organización de los locales» en los que se votó el 1-O, y otros 979.661,96 euros para el suministro de papeletas. Otras partidas incluidas en estos 3,6 millones son nueve gastos en publicidad institucional que superan el millón de euros, o los más de 128.000 euros gastados en la web «cataloniavotes.eu».
Cálculos preliminares
Al margen de estas cantidades hay una gran partida que el fiscal tendrá que estudiar a conciencia: cuánto de los 35 millones de euros destinados a acción exterior de la Generalitat en 2017 habrían sido malgastados en el proceso secesionista.
La denuncia refleja que 23 millones fueron para el pago de personal y gastos de funcionamiento (se abrieron doce nuevas «embajadas» para impulsar la secesión) y otros doce a «acciones concretas», entre las que destaca «la acción de la presidencia catalana en el exterior, que absorbió 2,3 millones de euros». Por lo tanto, Puigdemont podría tener que responder como mínimo de forma solidaria por los 3,6 millones de gastos más esos 2,3 de acción exterior, un total de 5,9 millones de euros.
Si la causa sigue los pasos de la de Artur Mas, condenado al pago de 4,9 millones de euros de forma solidaria, Puigdemont sería, como presidente de la Generalitat catalana en el periodo investigado, responsable del desvío de todos los capítulos de gastos investigados. En cada uno de ellos compartiría responsabilidad con sus colaboradores del ramo. Por ejemplo, con Raül Romeva en lo que se refiere a acción exterior. El entonces vicepresidente, Oriol Junqueras, podría correr una suerte similar a la del expresidente fugado.
Cabe recordar que el Tribunal de Cuentas solo busca responsabilidades contables, al margen de la causa penal, que también podría incluir condenas por malversación. Además de a Puigdemont, Junqueras y Romeva, la denuncia, de 38 páginas, considera «causantes de estos gastos» a los exconsejeros Meritxell Borràs, Joaquim Forn, Carles Mundó , Santiago Vila, Dolors Bassa, Josep Rull, Meritxell Serret, Neus Munté, Jordi Turull, Antoni Comín, Lluis Puig, Carla Ponsatí, Jordi Jané, Jordi Baiget, Meritxell Ruiz y la interventora general, Rosa Vidal. En caso de condena, responderían con su patrimonio, y los fondos serían reintegrados al lugar del que salieron, la Generalitat de Cataluña.
A esta actuación de la Fiscalía se une la denuncia presentada por Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución, que cifraba los gastos en 1,97 millones de euros, pero citaba otros 87 «por los gastos de desplazamiento, manutención y estancia del contingente desplazado de fuerzas y cuerpos de seguridad» del Estado.
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