La Fiscalía del Supremo recibe la documentación de Suiza sobre Don Juan Carlos

El Ministerio Público estaba pendiente de una rogatoria con las cuentas de Zagatka para verificar la regularización

Don Juan Carlos, en una imagen de archivo ABC

Isabel Vega

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La Fiscalía del Tribunal Supremo acaba de recibir la documentación de Suiza que le faltaba para contrastar la veracidad de la última regularización fiscal que acometió Don Juan Carlos para aflorar pagos en especie por cuenta de la fundación que gestiona su primo, Álvaro de Orleans. Si todo está, como se presume, en orden, puede ser el último paso para archivar las diligencias, tal y como se viene apuntando desde hace semanas.

Según informan a ABC en fuentes fiscales, la documentación que estaba pendiente llegó este miércoles a la Fiscalía del Tribunal Supremo. Ahora, será entregada a los peritos de la Agencia Tributaria que vienen apoyando la investigación y que ya el pasado mes de mayo, culminaron un análisis preliminar de la regularización de Don Juan Carlos. El contraste podrá demorarse todavía varios días.

El padre del Rey acometió esta regularización el pasado mes de marzo y abonó al fisco cerca de 4,4 millones de euros incluyendo multas y recargos por los 8 millones de euros en vuelos privados que había costeado en años previos la fundación de Orleans, Zagatka, y que se podían considerar un pago en especie no declarado y así, un delito fiscal. La ley permite eludir el ilícito si se regularizan los fondos de manera «espontánea», es decir, antes de que vía judicial o tributaria el afectado sea requerido sobre el tema, y «veraz», de tal forma que se ajuste a lo efectivamente percibido.

Los pagos de vuelos afloraron durante la investigación por blanqueo que llevaba a cabo el fiscal del Cantón de Ginebra Yves Bertossa para tratar de averiguar si los 65 millones de euros que la Fundación Lucum, de la que era beneficiario Don Juan Carlos , transfirió a su examante Corinna Larsen en 2012, eran fruto de comisiones ilegales percibidas por la adjudicación del AVE a La Meca a unas empresas españolas. El punto de partida, los 100 millones de dólares que él había percibido de Arabia Saudí en esa sociedad panameña en 2008.

Sin embargo, «la información recibida de las autoridades españolas no permitió confirmar las sospechas de un vínculo entre la transferencia 100 millones de dólares y un posible pago corrupto vinculado a la construcción del citado tren » y como «enviar una comisión rogatoria a Arabia Saudí sobre este asunto probablemente estaría condenado al fracaso», Bertossa archivó esta semana las pesquisas. Si no podía acreditar un delito antecedente, la comisión ilegal, no podía acusar por un delito de blanqueo.

De la Meca a Zagatka

En España, las diligencias que se abrieron en 2018 con ese mismo punto de partida de las supuestas comisiones ilegales en la adjudicación del AVE a La Meca siguen, por contra, abiertas y aunque la decisión de Bertossa sube la presión, las fuentes consultadas recuerdan que sólo lo están a falta de esa documentación que contraste la regularización y que ahora acaba de llegar a la Fiscalía del Supremo. El resto de los hechos estarían ya esclarecidos y con buenas perspectivas para Don Juan Carlos, pues o ha prescrito o era inviolable en la fecha como jefe del Estado.

No obstante, hay dos investigaciones abiertas más. Una sobre las donaciones del empresario mexicano Allen Sanginés Krause a Don Juan Carlos a través de un intermediario y otras sobre una alerta del Servicio de Prevención de Blanqueo en relación a una sociedad en el paraíso fiscal de Jersey que le salpicaría . Las primeras ya estarían instruidas y las segundas, se han prorrogado porque los fiscales necesitaban más tiempo para analizar la documentación.

Como fuere, desde el entorno de los investigadores se viene avisando de que las diligencias que afectan a Don Juan Carlos se terminarán todas a la vez. Y aunque extraoficiamente lo que avanzan es que acabarán en archivo precisamente porque las regularizaciones, la prescripción y la inviolabilidad jugarían en su favor, oficialmente sólo se avanza que la resolución que se adopte, sea para cerrar o para judicializar el caso, será una y afectará a todas las líneas abiertas.

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