La Fiscalía reacciona y ultima una querella por la compra de urnas

La Fiscalía vuelve a reaccionar ante la huida hacia delante del secesionismo catalán y prepara una querella por el anuncio de la Generalitat de licitar la adquisición de urnas para la celebración de un referéndum independentista, según informaron ayer fuentes fiscales. El gobierno dirigido por Carles Puigdemont pretende destinar para ello 200.000 euros , tal y como anunció ayer en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC). A las pocas horas del paso en falso del independentismo llegó el aviso de la Fiscalía.

La anotación afirmaba que la licitación se realiza «para el suministro de urnas en las elecciones al Parlamento de Cataluña, consultas populares y otras formas de participación ciudadana », lo que incluiría el referéndum independentista que los secesionistas pretenden celebrar pasado el verano, a pesar de las advertencias del Tribunal Constitucional (TC), que ha solicitado a las autoridades catalanas - informadas por escrito de que su desobediencia tendría ecos penales - que frenen o dejen de impulsar cualquier acto preparatorio de la consulta.

La querella se presentaría por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación, según informaron fuentes jurídicas a Efe, una calificación que podría conllevar peticiones de cárcel, al incluir malversación. El anuncio lo firma Francesc Esteve Balagué, secretario general de la Consejería de Gobernación, y en él se licitan dos lotes, el primero de «urnas electorales transparentes» y el segundo de «urnas de cartón» por valor estimado de 184.000 y de 16.000 euros, respectivamente, lo que suma un total de 200.000 euros.

El TC suspendió el 4 de abril las partidas del presupuesto catalán que preveían la celebración del referéndum ilegal. El Alto Tribunal admitió a trámite un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno, un paso que supone la suspensión inmediata de los preceptos recurridos, y aún no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto. Las partidas suspendidas, incluidas en los presupuestos de la Generalitat para 2017 (Ley del Parlamento de Cataluña 4/2017, de 28 de marzo), preveían cubrir cuestiones relacionadas con el referéndum ilegal, los «procesos electorales y consultas populares» y los «procesos de participación ciudadana». Según el recurso, los presupuestos violan la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, puesto que una autonomía no tiene potestad para convocar un referéndum.

Tras conocer la iniciativa de la Fiscalía, la portavoz de la Generalitat, Neus Munté, defendió la legalidad de la compra de urnas: «No hay ninguna normativa que impida la compra de urnas por parte de la Generalitat». Y añadió: «Hay un plan A que se llama referéndum; y un plan B que se llama referéndum . El gobierno mantiene su compromiso inequívoco para convocar el referéndum».