La Fiscalía pide prisión y una multa de 1,1 millones para un exconseller del PP balear

La Fiscalía de Baleares solicita un año y nueve meses de prisión y una multa de 1,1 millones de euros para el exconsejero de Turismo y Deportes durante el último gobierno del PP en Baleares, Carlos Delgado , por un delito tráfico de influencias en la licitación de concesión de la ocupación y explotación del puerto y la escuela de vela de Calanova, en Mallorca. Además, reclama una inhabilitación especial para empleo o cargo público de nueve años por un delito de prevaricación.

Según el escrito al que ha tenido acceso ABC, durante el año 2013 Delgado «adoptó decisiones y dictó resoluciones directamente encaminadas a favorecer la adjudicación del concurso a favor de la empresa Port Olimpic Calanova SL, de la que era socio y administrador su abogado y amigo personal, Carlos Gelabert», para quien la fiscal Laura Pellón solicita un año y seis meses de prisión y una multa de 1.100.000 euros por un delito de tráfico de influencias, además de una inhabilitación de cinco años por un cargo de prevaricación. Asimismo, la Fiscalía considera que, «como consecuencia del delito de prevaricación» , es necesario anular la concesión concedida a Port Olímpic Calanova SL, para quien solicita una multa de 2.000 euros diarios durante un año.

La fiscal subraya que la adjudicación firmada por Delgado el 10 de octubre de 2013 generó «un desproporcionado beneficio económico» tanto a Gelabert como a su socio de despacho, Francisco López Hinojosa, quien «conociendo tales circunstancias, participó y se enriqueció de forma injustificada». La sociedad ganadora también estaba participada por Felipe Elvira y Juan Birganga quienes, según el escrito de la Fiscalía, «utilizaron y se beneficiaron de la influencia ejercida» por Gelabert sobre el conseller «para lograr la adjudicación del concurso a su favor». Por ello, Pellón reclama para los otros tres socios de Port Olimpic Calanova SL un año y seis meses de prisión y una multa de 1.100.000 euros por un delito de tráfico de influencias y una inhabilitación especial para cargo o empleo público de cinco años por un cargo de prevaricación.

Asimismo, la Fiscalía considera que la «mano derecha» de Delgado en la consejería de Turismo, Joaquín Legaza, «lideró y controló» el procedimiento administrativo «y se aseguró desde su posición ascendente» de que la adjudicación de la concesión fuese a favor de Port Olimpic Calanova SL. La fiscal Pellón acusa a Legaza, que en ese momento era secretario general de la consejería y secretario del consejo de administración de Puertos de las Islas Baleares, de un delito de prevaricación, castigado con nueve años de inhabilitación para cargo público, y uno de tráfico de influencias, penado con un año y nueve meses de prisión, además de una multa de 1,1 millones de euros.

El informe de la Fiscalía asegura que Delgado y Legaza se aseguraron de que la consejería de Turismo se encargase de la concesión «con el fin de ejercer un control directo sobre su resolución y excluir la intervención» de Puertos de Baleares. Asimismo, según el escrito, ambos influyeron en el sentido del voto de los consejeros de este organismo público «evitando que tuvieran la información necesaria a la hora de resolver la adjudicación».