La Fiscalía pide que se archive el caso de la compra de la sede del PP balear

El Ministerio Público cree que no se ha podido demostrar el presunto origen ilícito de los 600.000 euros invertidos y el juez Castro ha pedido a la Abogacía de la Comunidad que se pronuncie sobre la solicitud de sobreseimiento

El jeuz José Castro, el pasado mes de mayo EFE
Josep María Aguiló

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El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro , ha dado traslado a la Abogacía de la Comunidad de la petición efectuada ayer jueves por el Ministerio Público de que sea archivada la pieza separada número 28 del caso Palma Arena . En dicha pieza se investiga una presunta financiación irregular del PP de Baleares a través de la compra y reforma del edificio en el que desde hace una década se ubica la nueva sede de los populares del Archipiélago, situada en la calle Palau Reial de Palma.

Según la Fiscalía, con las pruebas de que se dispone hasta el momento no se ha podido demostrar el origen supuestamente ilícito del dinero que se invirtió en la adquisición y remodelación del citado edificio, que fue de unos 600.000 euros en total. Castro ha dado ahora un plazo de diez días a los Servicios Jurídicos del Govern para que formulen las alegaciones que consideren oportunas sobre la petición de sobreseimiento presentada por el Ministerio Público.

En declaraciones efectuadas este viernes al canal autonómico IB3, Castro ha señalado que le parece correcta la decisión adoptada ayer por el Ministerio Público en relación a esta causa . «Si no hay pruebas donde agarrarse, me parece correcto», ha dicho, para añadir: «Otra cosa es el convencimiento que uno tenga sobre las cosas que se investigan».

El fiscal Pedro Horrach — ahora sustituido por Laura Pellón — y el juez instructor sospechaban inicialmente que los citados 600.000 euros habrían sido aportados por el empresario Antonio Pinal. La presunta contrapartida para el dueño de Bruesa debería haber sido la adjudicación del proyecto urbanístico de reforma de los antiguos cuarteles de Son Busquets , ubicados en la capital balear . Ese proyecto no llegó a concretarse nunca. Además, Pinal no se benefició finalmente de ningún contrato público con el Govern, que en la legislatura 2003-2007 se encontraba presidido por el popular Jaume Matas.

Cabe recordar que el pasado mes de septiembre había declarado ante Castro , en calidad de testigo, la hija del empresario Ildefonso Pérez —ya fallecido—, quien confirmó que en 2004 su padre hizo un préstamo de 600.000 euros a Pinal. Dicho dinero habría sido ingresado en opaco, al no figurar en la contabilidad de Bruesa . Con posterioridad, declararon ante el juez nuevos testigos en relación a este caso, pero ninguno de ellos vinculó dicho préstamo con la adquisición del edificio de la calle Palau Reial.

Pinal fue imputado por el juez en esta causa y compareció ante Castro en marzo del pasado año , aunque se acogió a su derecho a no declarar. En dicha fecha declaró también, en calidad de testigo y a través de videoconferencia, el extesorero del PP Luis Bárcenas. Según su testimonio, diversos empresarios habrían pagado la adquisición de la sede del PP balear , si bien Bárcenas sólo dio el nombre de Pinal.

Por su parte, el Grupo de Delincuencia Económica hacía hincapié en uno de sus oficios en el hecho de que la cantidad prestada prácticamente coincidía con los 602.067 euros a los que ascendió el precio abonado por la sede del PP —511.539 euros—, más los gastos de tramitación y de constitución del préstamo hipotecario, que fueron de 79.620 y 10.907 euros, respectivamente.

Por otro lado, el Ministerio Público ha comunicado este viernes a Castro que está de acuerdo con la propuesta del juez de que las piezas separadas número 20, 21 y 22 del caso Palma Arena conformen a partir de ahora una única pieza , que será la 20 y que tendrá como denominación «facturaciones diversas del velódromo». A las piezas citadas se sumará también la número 23, a petición de la Fiscalía. Todas esas piezas indagaban sobre facturas emitidas por proveedores del velódromo .

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