La Fiscalía ve una organización criminal en la cúpula del 1-O
Atribuye este cargo al segundo escalafón del Govern y a la dirección de TV3 y Cat. Ràdio
A la vez que el Tribunal Supremo juzga estas semanas las responsabilidades de los líderes del «procés» respecto a los hechos del «otoño negro» catalán, el juzgado de Instrucción 13 de Barcelona sigue dando pasos hacia la celebración del juicio que sentará en el banquillo no a los responsables políticos de lo sucedido en aquellos meses de 2017, sino al segundo escalafón del Govern. Algo así como la infantería, o los peones - una treintena de imputados -, que ejecutaron las directrices que desde el gobierno catalán y las cúpulas de las asociaciones independentistas se dictaron para intentar consumar la ruptura. Entre la infantería que está a un paso de sentarse en el banquillo, la cúpula de TV3 y Catalunya Ràdio o la interventora de la Generalitat.
Precisamente, y atendiendo al principio de jerarquía, pluralidad, reparto de papeles, vocación de estabilidad y objetivo delictivo de los dos escalafones en la fase decisiva del «procés» , la Fiscalía de Barcelona ha solicitado al juzgado 13 de Barcelona que amplíe los delitos por los que se acusa a 28 de los 30 cargos inicialmente encausados. En concreto, pide que se añada el delito de organización criminal, penado con hasta ocho años de cárcel, a los ya apuntados en el auto de procesamiento del 4 de abril de malversación de caudales públicos, desobediencia, falsedad documental, revelación de secretos y prevaricación.
En su escrito, la Fiscalía considera que los 28 cargos apuntados , junto conlos que ahora están siendo juzgados en el TS, conformaban un «complejo de personas con organigrama y planificación previa, pertrechadas normalmente con medios adecuados a los fines delictivos propuestos», lo que hace que «resulte más difícil al Estado luchar contra tales redes perfectamente estructucuradas».
Jerarquía
Apoyándose en el propio auto de procesamiento, la Fiscalía recuerda que la participación del presidente de la Generalitat, vicepresidente y consejeros confirma el principio de jerarquía, o que la actuación de los distintos imputados «dentro de sus respectivos ámbitos de actuación» apunta a la pluralidad y el reparto de papeles . De igual modo, el «firme propósito de la Generalitat, exteriorizado con intensidad creciente desde 2012, en celebrar una consulta refrendaria», apunta a la estabilidad y permanencia en el tiempo del objetivo delictivo perseguido.
Los imputados a los que se atribuye este delito son los referidos responsables de los medios de la Generalitat -el director de TV3, Vicent Sanchis, el de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, y la responsable del ente de medios públicos Núria Llorach-, y figuras clave de la administración autonómica, como el segundo de Presidencia, Antoni Molons - el «tal Toni» al que testigos citaron en el Supremo,-, el secretario general de Presidencia, Joaquim Nin, el director general de Comunicación, Jaume Clotet, o la cúpula del departamento de Exteriores: Aleix Villatoro, secretario general del departamento, Albert Royo, responsable del Diplocat, o Amadeu Altafaj, al frente de la «embajada» de Bruselas. A varios de los encausados la Fiscalía pide que se les atribuya también los delitos de desobediencia y prevaricación.
En su escrito, la Fiscalía, por contra, pide que se archive la causa contra tres de los procesados: dos cargos intermedios de la Generalitat y el gerente de una empresa gráfica, los tres acusados de desobediencia. En sentido inverso, para una de las investigadas que el auto de procesamiento dejaba fuera, la responsable de la Agencia Catalana de Protección de Datos, Fiscalía reclama que se la procese por desobediencia y organización criminal.
Caja de solidaridad
En paralelo al escrito de la Fiscalía, la juez instructora ha ordenado averiguar el patrimonio de los procesados por malversación (17 de los 30), después de que estos solo hayan podido consignar en el juzgado 3,7 millones de euros - recogidos a través de una caja de solidaridad - del total de 5,8 con que se fijó la fianza.
En el auto de procesamiento, la juez consideraba que lo «realizado o comprometido» para la celebración del referéndum fueron 4,3 millones, cantidad a la que añadió un tercio de la misma para afrontar las posibles responsa- bilidades del pleito.
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