La Fiscalía se opone a diseccionar el patrimonio de Monedero en el caso Neurona
Considera «claramente innecesarias» varias diligencias propuestas por Vox y dice que imputar a la hoy ministra Belarra «excede del ámbito de la investigación»
La Fiscalía Provincial de Madrid se opone a que el juez que investiga el caso Neurona diseccione el patrimonio de Juan Carlos Monedero. Lo ha hecho en uno de los cinco escritos que ha presentado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid , Juan José Escalonilla, relativos a varios aspectos de la investigación del caso Neurona. Sí considera, sin embargo, que hay tres aspectos de la investigación de las cuentas de Podemos en los que hay que seguir ahondando: las cuestiones relativas al abono de las costas que miembros del partido estaban cobrando en procedimientos particulares cuando les habían representado profesionales del partido, la contratación de trabajadores de Podemos por parte de Irene Montero para servicios personales (la niñera) y las donaciones a la escuela Pablo Freire y a la Fundación 25M.
A juicio del Ministerio Público , algunas de las diligencias solicitadas por Vox son «claramente innecesarias». Es el caso del requerimiento de los libros contables de 2017 a 2020 de Elías Castejón, el administrador de Neurona Comunidad, así como la investigación de las cuentas corrientes relacionadas con los ingresos de Juan Carlos Monedero «que no son objeto de este procedimiento». Entre las diligencias que había solicitado Vox estaban, además de la aportación de esos libros contables, oficios a la Agencia Tributaria, la acreditación de los viajes y el objeto de los mismos de Monedero a Buenos Aires, Colombia y México o una comisión rogatoria a Venezuela para instar al Tribunal Supremo de aquel país a remitir a España testimonio de las actuaciones que está practicando en relación a Monedero y Pablo Iglesias por el Odebrecht.
Asimismo, impugna el recurso interpuesto por la exsenadora de Podemos Celia Cánovas contra el auto que acordó el sobreseimiento provisional en relación con la investigación de los sueldos de la gerente y tesorero de dicha formación política . La Fiscalía insiste en que «no existe indicio alguno del delito de administración desleal denunciado» y en que «lo mismo puede decirse en relación al reembolso de gastos respecto de los que no existía indicio alguno de su ilicitud».
Añade que dado que la normativa del partido atribuye a la gerencia la gestión de recursos humanos y gestión patrimonial, «existen dudas razonables de la tesis de la ahora recurrente considerando, además, la intervención de la gerente en los órganos económicos del partido». Además, agrega, «aun cuando la gerente se hubiera extralimitado de sus funciones, el delito de administración desleal exige un perjuicio que en este caso no se ha determinado dado que el partido no se considera como tal a lo que se une que consta certificado del partido aprobando los complementos según sus normas internas».
A juicio de la Fiscalía, la cuestión relativa a si es o no ético o si se incumplieron las normas internas «podrá ser discutida en otros foros pero desde luego no en el ámbito de una investigación judicial». Por ello, explica que la petición de extender la imputación a toda la ejecutiva de Podemos evidencia que el interés de la recurrente «excede» del ámbito de esta investigación . «Y lo mismo puede decirse de la imputación de Ione Belarra firmante del certificado del partido en relación a la irregularidad de los complementos».
No hay indicios de administración desleal
También en relación a la investigación de los sueldos de la gerente y el tesorero, el fiscal impugna el recurso de reforma interpuesto por Vox. Recuerda que el auto recurrido recoge que los estatutos de la formación permitían a la gerente crear nuevos complementos salariales y que dichos complementos fueron aprobados por los órganos internos del partido de conformidad con sus normas internas. «En consecuencia, no existe indicio alguno del delito de administración desleal denunciado», precisa.
Tiene la misma opinión sobre la inexistencia de delito en relación al reembolso de gastos respecto «de los que no existía indicio alguno de su ilicitud». Es más, afirma que «no deja de extrañar, como hemos venido manifestando reiteradamente, que sea la acusación popular la que ve indicios de delito de administración desleal cuando el perjudicado, el propio partido político, no se considera como tal. Y lo hace sobre la base de desconfiar de los representantes del partido que certifican el cumplimiento de la normativa interna, solicitando incluso en el escrito de reforma, se considere a Ione Belarra (quien certifica la regularidad de los complementos) como investigada por delito de encubrimiento o estafa procesal».
Tres hechos clave
El Ministerio Público también impugna el recurso de Podemos contra el auto del juez en que se acordaba la práctica de diligencias a la luz de la documentación aportada por la exresponsable de cumplimiento normativo de dicha formación Mónica Carmona. Para la Fiscalía, «no cabe duda que mucha de la documentación aportada debe ser expulsada del procedimiento por cuanto ninguna relación guardan con el mismo». Ahora bien, entiende que es «preciso» un pronunciamiento sobre los hechos que constituyen ampliación de la denuncia.
En concreto, sobre si revisten caracteres de delito y si deben ser investigados en este procedimiento tres hechos concretos: las cuestiones relativas al abono de las costas que miembros del partido estaban cobrando en procedimientos particulares cuando les habían representado profesionales del partido, la contratación para servicios personales por parte de Irene Montero a trabajadores del partido y las donaciones a la escuela Pablo Freire y a la Fundación 25M.
El auto recurrido por Podemos ya resolvió la formación de procedimientos diferentes en vez de abrir una pieza separada como solicitó la Fiscalía. Pese a ello, el Ministerio Público afirma que dicha resolución «no es ajena a los fines pretendidos con nuestro escrito ni infringe precepto penal alguno como sostiene el escrito de apelación».
Por último, la Fiscalía se opone a la petición de Vox de incluir a la investigación varios documentos aportados por una testigo relativos a expedientes sobre la contratación o el uso fraudulento de los fondos de la caja de solidaridad. Los argumentos son idénticos a los que se recogen el punto cuatro.
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