El juez de Neurona asume también las causas sobre la niñera y las donaciones de Podemos
Acordó abrir procedimientos separados pero, por antecedentes, han recaído en su juzgado
El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, llevará además del caso Neurona las tres derivadas que él mismo ordenó que se investigasen por separado, pues tras incoar las diligencias y enviarlas a reparto, han vuelto a su mesa por una cuestión de antecedentes, según informan a ABC en fuentes jurídicas.
Escalonilla acordó desgajar tres asuntos del caso Neurona sobre un delito electoral y/o de financiación irregular en Podemos que denunció la exabogada del partido Mónica Carmona. Se trata del supuesto uso de una empleada como niñera de la hija de Irene Montero y Pablo Iglesias, del destino de unas costas procesales en favor de la formación y de una serie de donaciones del grupo parlamentario y la Fundación Instituto 25-M a un proyecto de escuela popular.
La decisión fue acordada el pasado 3 de marzo, después de escuchar a Carmona en declaración y recibir los documentos que aportó para sustentar sus afirmaciones. Se trataba, conforme explicó, de documentación que había ido recopilando en calidad de responsable de Cumplimiento Normativo en Podemos en el contexto de la investigación interna de una serie de irregularidades. Era lo que tenía entre manos, conforme testificó, cuando fue cesada en el cargo en diciembre de 2019.
Podemos presentó un recurso solicitando que esa documentación no fuese incorporada a la causa ya que entendía que nada tenía que ver con el procedimiento original. La investigación principal lo es por un contrato de consultoría entre Unidas Podemos y Neurona Comunidad suscrito para las elecciones generales del 28 de abril de 2019 por importe de 363.000 euros. ¿La sospecha? Que era un acuerdo ficticio cuyo importe se trató de justificar como gasto electoral a efectos de financiación pública.
La Fiscalía se posicionó ante aquel recurso recomendando que se abriesen piezas separadas para investigar lo aportado por Carmona para no dilatar la causa principal. Recordaba que el delito electoral, por definición, impone procedimientos de urgencia y añadir líneas diferentes no hacía más que extender la causa. Además, se negaba a que el procedimiento acabase convertido en «una auditoría» de Podemos.
El juez resolvió que ni lo uno, ni lo otro. No serían piezas separadas del mismo puzzle sino causas independientes . Acordó incorporar a cada una de ellas la parte correspondiente de la testifical de Carmona y la documentación que había aportado. A mediados de marzo, envió las causas para su reparto, es decir, para que desde los órganos centrales de los Juzgados se asignase instructor. Sin embargo, de acuerdo a las mismas fuentes, ha sido él quien los ha recibido, lo que no es de extrañar, habida cuenta del conocimiento del asunto que ya tiene su juzgado.
En lo que echan a andar esas tres causas separadas, la de Neurona está en un punto de inflexión. El informe de la UDEF avanzado ayer por este diario arroja dudas sobre la veracidad de los trabajos que Podemos aportó para justificar que el contrato fue real y se prestaron los servicios por los que abonó aquellos 363.000 euros. Se trataba de una diligencia esencial que había de arrojar luz y que podía servir al partido para cerrar lo relativo al posible delito electoral por el que está investigado y a sus responsables imputados, para archivar también la sospecha de falsedad documental.
De los trabajos a los trabajadores
Sin embargo, con las dudas de la UDEF sobre la mesa sobre gran parte de los archivos aportados por Podemos, que no su totalidad, el juez ha de seguir profundizando. Por un lado, para desbrozar si los trabajos que tanto por fecha como por autoría y contenido pudieron formar parte de aquellos trabajos justifican un pago de 363.000 euros de dinero electoral . Por otro, para esclarecer de una vez quién los hizo, pues Neurona Comunidad es una mercantil creada en un despacho de abogados de Sevilla que no tiene ni empleados ni infraestructura de consultora.
En este contexto, hay dos diligencias que van a ser esenciales y van a marcar el devenir de la causa principal. Podemos ha aportado una lista de 21 personas que son supuestos trabajadores de Neurona Consulting, la matriz de la instrumental española, con una batería de billetes de avión y listados de hospedajes para acreditar que eran de la consultora y estuvieron en España durante la campaña trabajando en el encargo. La UDEF ahora tiene que verificar toda esa documentación.
Además, el próximo día 19 de abril el juez escuchará como testigos a una docena de trabajadores del partido que se desempeñaron en el cuartel general de aquella campaña, una oficina en la calle Maudes de Madrid, en teoría, codo con codo con los enviados de Neurona Consulting y que, así, podrían dar fe de quiénes eran y qué es lo que estuvieron haciendo.
Hasta ahora, el juez ha preguntado por ello al responsable de la campaña, Juan Manuel del Olmo, a la gerente y al tesorero del partido, que fue quien firmó el contrato, a un cámara que prestó servicios y al responsable de otra empresa contratada en aquel periodo electoral. Ninguno ha sabido decir a ciencia cierta cuántos eran los de Neurona, quiénes eran, de dónde eran o qué hacían.
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