La Fiscalía insiste en que no hay delito en el cobro de complementos salariales en Podemos

La Fiscalía de Madrid se ha adherido al recurso presentado contra el auto que estableció que la gerente de Podemos, Esther del Val, no disponía de la capacidad para acordar incrementos salariales a los miembros de dicha formación política y que, por tanto, al haber aprobado en algunos casos la subida de los emolumentos, podría haber incurrido en un delito de administración desleal. Para el Ministerio Público, sin embargo, se trata de un caso donde se han cobrado complementos de manera «transparente» y «con control interno».

Pero es más, insiste la Fiscalía, si la medida de incrementar los salarios se hubiera hecho mediante acuerdo con la gerente, o bien a través de una propuesta ante la dirección del partido, tampoco sería constitutivo de delito. Y ello porque, a su juicio, aquí no se está hablando de «podrá ser discutible desde el punto de vista ético o desde la transparencia que se exige a los partidos políticos», pero no es por sí un hecho delictivo cantidades cobradas en «b» o en sobres, «sino de complementos recogidos en las nóminas y conocidos por todos los órganos de control del partido».

El Ministerio Público vuelve a insistir en que «no deja de extrañar» que sea la acusación popular (Vox) la que sostenga la existencia de indicios de administración desleal cuando el perjudicado, que es Podemos, no se considera como tal. «Y lo hace –añade en su recurso- sobre la base de desconfiar de los representantes del partido que certifican el cumplimiento de la normativa interna». De hecho, llegan a solicitar que se considere a una de las personas que certifica la regularidad de los complementos como investigada por delito de encubrimiento o estafa procesal.

Denuncia también que Vox pretenda que se revelen datos sobre quiénes cobran en el partido ese tipo de complementos junto con un requerimiento general a Podemos sobre el informe de ejecución de presupuestos y documentación enviada al consejo ciudadano. La práctica de estas nuevas diligencias es para la Fiscalía un «nuevo» intento de realizar una auditoría a la actuación de una formación política «respecto de hechos ya aclarados no típicos y respecto de los que, por otro lado, no existen indicios de delito».

El pasado 29 de abril el titular del Juzgado de Instrucción 42 de Madrid aceptaba reabrir la investigación sobre el pago de sobresueldos en la cúpula de la formación morada. Estimaba así el recurso de reforma presentado por Vox contra su propia decisión al considerar que el archivo se basó en una documentación «insuficiente» o no correctamente interpretada. «De la documental presentada cabe llegar a conclusiones distintas a las expuestas», dijo el juez Juan José Escalonilla.

Una de ellas es el hecho de que la escala salarial fuera aprobada por el Consejo de Coordinación a propuesta de la gerente, lo que indiciariamente acreditaría que, a diferencia de lo que se pensaba inicialmente, esta no tenía facultades para aprobar la escala salarial y los complementos salariales que alteraban dicha escala. Además, los estatutos que Podemos habría aportado a la causa no eran los vigentes en 2019 y debía aportar también el informe sobre ejecución de presupuesto de 2019, «con especial indicación de la partida correspondiente a la implementación de los complementos salariales».