CASO NEURONA
Piden reabrir la investigación sobre los sobresueldos en Podemos e imputar a Belarra
La exsenadora Celia Cánovas recurre el auto del juez que archiva esta parte del caso Neurona
La exsenadora de Podemos y abogada Celia Cánovas, personada en el caso Neurona como acusación particular, ha presentado un recurso contra la decisión del juez de cerrar la línea de investigación relativa a los complementos salariales que se aplicaron la gerente y el tesorero del partido y ha solicitado que se cite como investigada a la aún secretaria de Estado para la Agenda 2030 Ione Belarra.
El escrito, al que tuvo acceso ABC, Cánovas argumenta que en su decisión de zanjar este asunto, el juez ha incurrido en una «valoración errónea de la normativa interna y de los documentos aportados por el propio partido » porque ha interpretado que la gerente se subió el sueldo porque podía hacerlo y, según sostiene, no es así.
«No cabe duda de que la Gerente se atribuyó unas competencias que no le correspondían según los Estatutos y según el Plan de Cumplimiento Normativo de Podemos, que es la norma en la que se establece y regula el estatuto personal y las competencias de la Gerencia del partido», dice el escrito de recurso, que si es rechazado en reforma por el instructor, lo será de apelación.
Para Cánovas, el origen de esta interpretación es que la gerente, Rocío Val, « faltó a la verdad en su declaración cuando afirmó que estaba facultada por el Reglamento General Interno y por el techo de gasto salarial recogido en los presupuestos» del partido, cuando la documentación aportada muestra que el «reglamento general interno no atribuye a la gerente la potestad de implementar en su propio sueldo ni en el de otros empleados» porque «no resulta de aplicación al personal laboral».
El juez consideraba que no había delito por tener Val esa potestad y porque la subida fue avalada por los órganos de control del partido cuando dieron luz verde al presupuesto, pues incluía el gasto de personal.
Responsabilidad de la Ejecutiva
Cánovas, por contra, sostiene que «la conducta de la Gerente Rocío Val en coordinación con el Tesorero Daniel de Frutos, ambos beneficiados por esa subida salarial irregular, encaja en el tipo penal de la administración desleal del patrimonio del partido Podemos».
«Y frente a esta actitud de administración desleal no hay convalidación posterior que valga, y mucho menos cuando dicha convalidación procede de las mismas personas que se han visto beneficiados por dichas subidas salariales y que son precisamente los órganos que debían fiscalizar las cuentas del partido. Al contrario, la imputación deberá extenderse a aquellas personas que hayan intentado autorizar la subida salarial aprobado la ejecución presupuestaria», reza el escrito.
En este sentido, considera «evidente que toda la ejecutiva está participando de los actos ilícitos que se están investigando, porque son quienes dirigen el partido, que es el perjudicado», hasta el punto de que en su defensa se están confundiendo los intereses de las personas investigadas con los de Podemos como persona jurídica.
Pide que se reabra la investigación y se cite como investigada a quien era secretaria Ejecutiva de Podemos en 2019, actual secretaria de Estado y propuesta como fu tura ministra Ione Belarra, así como a Denis Thomas Maguire, que ese año desempeñaba el puesto de responsable Económico Financiero del partido.
En la misma línea, solicita que se recabe declaración como testigo del gerente que propuso la creación de las tablas salariales en 2017, Pablo Fernández Alarcón, que en su día fue citado pero no ha llegado a declarar y se oficie al Registro de Partidos y para certificar todos los estatutos de la formación vigentes en 2019.
