La Fiscalía dice tener más pruebas contra la trama de Villarejo

Los investigadores de la operación Tándem han encontrado nuevas pruebas para incriminar a la trama policial coliderada por el excomisario José Manuel Villarejo , según un comunicado de Anticorrupción. Con ese nuevo material, el ministerio público ha presentado un informe en el que pide al titular del Juzgado Central 6 de la Audiencia Nacional la reapertura íntegra de las piezas separadas 2 y 3, las llamadas Iron y Land, respectivamente, que afectan la primera al bufete Herrero y Asociados y la segunda a la dueña de La Finca, la empresaria Susana García Cereceda.

Los fiscales solicitan la reapertura «al haberse hallado con posterioridad a los autos de sobreseimiento provisional parcial dictados el 30 de julio de 2018, nuevos elementos incriminatorios contra todas las personas involucradas , y en particular, contra los siete investigados» beneficiados por el archivo. Se trata de Cereceda, su socio Francisco Lorenzo Peñalver y el expolicía David Fernández Aumente. En Iron, fueron detenidos e imputados hasta el sobreseimiento Francisco Carpintero, Andrés Medina, Álvaro Martínez y María Ángeles Moreno, todos ellos del citado bufete. Unos y otros fueron investigados por pagar a Villarejo y a su organización para perjudicar en ambos casos a rivales de unos y otros: otro despacho de abogados en el caso de Herrero y su propia hermana y cuñado, la mujer de su padre y el arquitecto de La Finca, en el caso Land. Según los informes que constan en el sumario, Cereceda acordó con Villarejo pagarle 362.000 euros , mientras que con el bufete se fijó un precio de 625.000 euros de los que se ha acreditado el pago de 302.000.

Según la Fiscalía, los hechos serían constitutivos de los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, y falsedad en documento mercantil.

La Fiscalía Anticorrupción señala que el análisis de lo intervenido permite seguir encontrando pruebas en «todas las líneas abiertas en la presente investigación sobre las actividades delictivas de una organización incrustada en puestos de la cúpula del Cuerpo Nacional de Policía especialmente sensibles para la seguridad del Estado en los últimos quince años».

Por este motivo, hay que reabrir la instrucción de esas piezas que, a juicio del ministerio público, «se habrían cerrado precipitadamente por el instructor». El 13 de agosto los fiscales del caso ya recurrieron dicho archivo, sobre el que tiene que pronunciarse la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.