Anticorrupción pide al juez que reabra dos piezas del caso Villarejo al hallar nuevos indicios

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado ante el Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, que instruye la operación Tándem, el conocido como caso Villarejo, dos informes con los que pide la reapertura íntegra de las piezas separadas 2 y 3, las llamadas Iron y Land , respectivamente «al haberse hallado con posterioridad a los autos de sobreseimiento provisional parcial dictados el 30 de julio de 2018, nuevos elementos incriminatorios contra todas las personas involucradas, y en particular, contra los siete investigados» beneficiados por el archivo. Entre ellos está la propietaria de La Finca, Susana Cereceda , y su socio; así como algunos miembros del despacho de abogados Herrero . Unos y otros fueron investigados y detenidos por pagar al excomisario José Manuel Villarejo y a su organización para perjudicar en ambos casos a rivales de unos y otros. Según la Fiscalía, esos hechos serían constitutivos de los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, y falsedad en documento mercantil.

Los avances en el análisis de la documentación en soporte papel y digital incautada en los registros practicados el pasado mes de noviembre, permiten seguir ampliando las fuentes de prueba en todas las líneas abiertas en la presente investigación sobre las actividades delictivas de una organización incrustada en puestos de la cúpula del Cuerpo Nacional de Policía especialmente sensibles para la seguridad del Estado en los últimos quince años, explica la Fiscalía en una nota. Por este motivo, hay que reabrir la instrucción de esas piezas que, a su juicio, «se habrían cerrado precipitadamente por el instructor» . El 13 de agosto los fiscales del caso ya recurrieron dicho archivo, sobre el que tiene que pronunciarse la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Con los nuevo indicios hallados, la Fiscalía solicita que se dejen sin efecto los sobreseimientos acordados sin esperar a la resolución de los recursos, lo que permitiría el más amplio e inmediato ejercicio del derecho de defensa de los investigados afectados por las decisiones de sobreseimiento provisional.

Anticorrupción explica en su nota que reabrir las piezas ya sirve para impulsarlas y posibilitar que se juzguen rápido, sin esperar al avance del resto de la compleja investigación. En ambos casos, aparece también Enrique García Castaño, alias «Big», o «el Gordo» , que supuestamente proporcionó datos reservados de compañías telefónicas y de otras bases policiales a su amigo Villarejo.