El fiscal Navajas, número dos de Delgado, llevará el caso Dina en el Supremo
Iglesias puede acabar imputado en el alto tribunal y víctima en la Audiencia Nacional
La Sala de Admisiones para causas especiales del Tribunal Supremo recbió este jueves la exposición razonada enviada por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que solicita abrir causa contra el vicepresidente Pablo Iglesias por tres delitos en el llamado caso Dina .
Según informaron en fuentes jurídicas, el ponente a cargo de dirimir si se admite o no a trámite su pretensión, Andrés Palomo , remitió sobre la marcha el asunto a la Fiscalía del Tribunal Supremo para que informe.
Al frente del dictamen estará el número dos de la fiscal General del Estado Dolores Delgado, el teniente Fiscal del Supremo Luis Navajas . En este organismo explican que es criterio establecido desde el año 2015 que sea el máximo responsable de la Fiscalía en el Supremo quien entienda de los asuntos que implican a aforados .
Es una situación delicada pues, por un lado, Delgado podría tener que abstenerse dado que fue ministra de un gobierno de Pedro Sánchez como el que ahora integra Pablo Iglesias. Por otro lado, Navajas se ha significado abiertamente contra uno de los fiscales de Anticorrupció n a cargo del caso Dina, los mismos que apreciaban dos posibles delitos en la conducta de Iglesias aunque optaban por preguntar a la afectada, la exasesora Dina Bousselham, si quería emprender acciones legales contra él antes de dar otro paso.
El papel de la Fiscalía
El juez rechazó esa pretensión y para elevar la exposición razonada no ha contado con su criterio. Es su potestad, no tiene por qué hacerlo. Cuenta además con un auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que le dice específicamente que investigar «meras hipótesis» sobre una posible actuación delictiva de Iglesias no es su competencia: es aforado y debe estudiarlo el órgano competente, que es el Tribunal Supremo.
Por contra, allí sí será necesario el criterio de la Fiscalía, pues para decidir si se abre causa contra Iglesias es preceptivo oír al Ministerio Público. En este caso, al fiscal Navajas que puede convocar a la Junta de Fiscales para conocer la postura de este 'consejo de sabios' o puede, como hizo con las querellas contra el Gobierno por la gestión del Covid-19, decidir al margen de ellos si hay o no indicios de delito . De cualquier modo, él llevará el procedimiento.
Si la Fiscalía pide la inadmisión, la Sala puede llevarle la contraria, pero difícilmente prosperaría porque, al menos hasta ahora, no hay ninguna otra acusación. En todo caso, si el Supremo sigue adelante, se daría otra supuesta paradoja en el caso Dina y es la doble condición que tendría el vicepresidente del Gobierno. En el Supremo sería formalmente un imputado mientras en la Audiencia Nacional, seguiría siendo víctima. La clave es que son delitos distintos que no tienen relación entre sí, tal y como dijo la Sala de lo Penal en el auto mencionado.
La paradoja de Iglesias
Con aquella decisión, devolvió a Iglesias la condición de perjudicado en la causa que le había retirado el juez a instancias de Anticorrupción. Sigue vigente, especialmente ahora, porque el juez ha acordado procesar por revelación de secretos a los únicos imputados que tenía esta pieza, los dos periodistas de «Interviú» que dieron información del móvil de Bousselham al comisario José Manuel Villarejo y el propio policía.
Sin embargo, esto queda por aclarar, ya que a Iglesias se le tenía como perjudicado porque los contenidos del móvil de Bousselham se publicaron en prensa y ni a los periodistas de «Interviú» ni al polémico mando se les imputa su difusión. Si nada cambia, en caso de que los tres lleguen a juicio, Iglesias y su exasesora estarían acusando, mientras en el Supremo podrían ser, a la vez, investigados.
Para eso, como ya explicaba ayer ABC, tendrá que mediar un suplicatorio al Congreso que la Cámara tendrá dos meses para estudiar en la Comisión del Estatuto del Diputado. En ese trámite escuchará a Iglesias, ya sea presencialmente o por escrito, y elaborará un dictamen que deberá ser aprobado por el Pleno. Si se niega, el Constitucional podría revertirlo. Ya lo hizo en 1992 cuando el Senado negó una investigación al Supremo.
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