Felipe González casi suspendió la autonomía de Canarias solo por una desobediencia fiscal

Nunca antes ninguna comunidad autónoma ha llegado tan lejos como Cataluña en su desobediencia de las leyes del Estado , desde que existe la democracia en España. Hay que remontarse al año 1934, con la Segunda República, para encontrar un precedente similar: la sublevación del entonces presidente de la Generalitat , Lluis Companys, al proclamar el estado catalán y la ruptura con el resto de España. Eran otros tiempos y aquel levantamiento, que apenas duró diez horas, fue sofocado militarmente por el general Domingo Batet, por orden del presidente del Gobierno, Alejandro Lerroux.

Pero la Constitución española dotó de herramientas políticas al Gobierno Central para no tener que recurrir a las armas en caso de alzamiento de un territorio. Y el hoy famoso artículo 155 concede a La Moncloa la potestad de «adoptar las medidas necesarias para obligar» a una comunidad autónoma al «cumplimiento forzoso» de sus obligaciones o para la «protección del interés general». Un enunciado que el expresidente del Gobierno, Felipe González, estuvo a punto de usar en 1989 por una rebeldía mucho menor que la perpetrada ahora por el Parlamento catalán y el presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas.

La desobediencia al Estado vino del entonces presidente del Gobierno canario, Lorenzo Olarte, por una cuestión tan simple como una desavenencia fiscal. Era el 27 de diciembre de 1988 , y el político regional adelantaba en su discurso de investidura su negativa rotunda a aplicar en Canarias el desarme arancelario -impuestos reducidos a los productos comunitarios- previsto en el Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Europea. Tan sólo un día después de acceder al cargo, telefoneaba al responsable de Economía, Carlos Solchaga, para comunicarle su desobediencia en primera persona. Sin embargo, aunque ahora el PSOE acusa al Gobierno de falta de diálogo con Artur Mas , en aquel momento el ministro socialista ni siquiera atendió a la llamada de Olarte.

Cuando el 1 de enero de 1989 debía hacerse efectiva la reducción de los aranceles y el presidente de Canarias no la aplicó, el secretario de Hacienda, Josep Borrell, no dudó en amenazar públicamente con aplicar el artículo 155 si la rebeldía fiscal de las Islas continuaba. Como así fue, Felipe González convocó un Consejo de Ministros en el que se acordó el uso de esta disposición y la retirada de las competencias fiscales a Canarias si no ponía en marcha el desarme arancelario. Y encargó al secretario de este órgano, Virgilio Zapatero, que enviara una comunicación a Olarte advirtiéndole oficialmente del acuerdo alcanzado por el cónclave ministerial.

Es la primera y única advertencia oficial que el Gobierno Central ha realizado a una comunidad autónoma sobre el uso del artículo 155 desde que se instauró la democracia en España. La amenaza, sin embargo, no trascendió a la opinión pública en aquel momento . Ni el Ejecutivo la hizo pública ni tampoco Olarte, según ha confesado él mismo después, por miedo a que su equipo decidiera dar marcha atrás. El primer paso del Gobierno socialista era, en todo caso, acudir al Tribunal Constitucional para obtener el más alto aval jurídico a su tesis, y este paso concedía al presidente canario algo de tiempo.

Pero, al final, la advertencia sobre la aplicación del artículo 155 caló en Olarte de manera que se sentó a negociar junto a su consejero de Hacienda, José Miguel González, con Solchaga y Borrell. De aquella reunión salió el esbozo de un acuerdo que entró en vigor en abril y permitió al Ejecutivo socialista no ejecutar el artículo 155. Apunto estuvo.