El exdirector de Interviú pide al juez que le saque del «caso Villarejo»
Alberto Pozas y Luis Rendueles reclaman el archivo de actuaciones por la entrega al comisario del pendrive con información de la asesora de Pablo Iglesias
El exdirector de la revista Interviú Alberto Pozas y el periodista de la extinta publicación Luis Rendueles han presentado un escrito ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en el que solicitan que se archiven las actuaciones sobre ellos en el contexto del «caso Villarejo» , donde están siendo investigados por haber proporcionado al comisario un pendrive que contenía el volcado del móvil de Dina Bousselham, asesora del líder de Podemos Pablo Iglesias.
Las actuaciones se siguen en la pieza separada número 10 de la macrocausa Tándem sobre los ilícitos del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo. Pozas y Rendueles están imputados por el presunto delito de revelación de secretos en el que habrían incurrido al proporcionar al polémico policía aquel pendrive que previamente, había llegado en un sobre anónimo a la redacción de Interviú y que procedía de un teléfono cuyo robo en un centro comercial había denunciado la asesora.
La revista nunca publicó su contenido, que fue además entregado a Pablo Iglesias de mano del presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio , tal y como ambos explicaron en su momento ante el juez.
El escrito, al que ha tenido acceso ABC, d escarta que la actuación de ambos encaje en el tipo penal de descubrimiento o revelación, dado que en línea con lo que ambos declararon en la Audiencia Nacional, su entrega se produjo a petición de Villarejo , que «entonces figuraba como Jefe de la Unidad de Inteligencia». «El requerimiento que se recibió era a todas luces un requerimiento policial, uno más que se recibía en la revista , procedente de un alto cargo de la Policía Nacional, sobre quien en aquellas fechas nadie podía sospechar que pudiera dar a la información que se le iba a entregar ningún uso ilícito o ilegítimo», expone el documento, firmado por el abogado de ambos, Sergi Mercé.
Un requerimiento habitual
En este sentido, recuerda que ya Pozas y Rendueles explicaron al juez «que no resultaba extraño que en la revista se recibieran requerimientos policiales de entrega de información », pues es «algo habitual» este tipo de peticiones en una publicación que se dedicaba al periodismo de investigación. Pusieron ejemplos, como «el caso de un pederasta fugado de España que, gracias a la información facilitada por la revista a la policía, fue detenido en Guatemala, las imágenes y pruebas de la casa en la República Dominicana que se había comprado una alcaldesa acusada de corrupción en España» o « el vídeo de la víctima de La Manada de Pamplona que la policía supo que estaba en poder de la revista y que fue igualmente requerido y entregado».
Argumentan así que no tenían por qué sospechar «nada ilícito o irregular» y remiten a la declaración del propio Villarejo, quien reconoció ante el juez que comentó a los periodistas el «posible interés policial o judicial que podía tener el pendrive sobre los vínculos de Podemos con el servicio secreto cubano, manifestando igualmente que entregó ese material a su superior, el comisario Eugenio Pino, director Adjunto Operativo de la Policía ».
«Todo ello vendría a confirmar el interés del Sr. Villarejo en acceder a dicha información, el consiguiente requerimiento de entrega de la misma a la revista Interviú, y la creencia de los responsables de la revista de que la información se requería para una investigación policial », expone la defensa de los periodistas.
Inciden además en el perfil del policía que se lo estaba reclamando, y que, exponen, «mantenía en aquellas fechas relaciones fluidas y de confianza con jueces, fiscales, policías, guardias civiles, políticos y relevantes empresarios» y había sido reiteradamente condecorado.
Remiten a los tres escritos firmados por tres Directores Adjuntos de la Policía -Eugenio Pino, Agustín Linares y Pedro Díaz Pintado- que en enero de 2018, estando ya Villarejo en prisión, avalaban «de forma contundente» su labor ante la Audiencia Nacional. «Fue este el motivo por el que se cumplió con el requerimiento, recuperándose para ello la información del ordenador en el que se había volcado el contenido de la tarjeta, para grabarla en un pendrive que sería entregado al alto mando policial», destacan.
Nunca publicaron la información
Para los aún investigados, «que ninguna conciencia se tenía de que con la entrega del pendrive se pudiera estar llevando a cabo una actuación ilícita lo evidencia la forma en que se entregó al alto mando policial el referido pendrive: en una mesa a la vista de la clientela de un conocido restaurante de la ciudad de Madrid».
«Y prueba igualmente de que ninguna conciencia de ilicitud existía -ni existe- lo constituye el hecho que tanto el Pozas, en sus declaraciones primero como testigo y posteriormente como investigado, como Rendueles, en su declaración como investigado, e xplicaron siempre sin reticencia ni reserva alguna que, efectivamente, el referido pendrive fue entregado a Villarejo », concluye el escrito.
Esto, sumado al hecho de que Interviú nunca publicó la información preservando el derecho a la intimidad de su propietaria, como reconoce la Fiscalía Anticorrupción, les lleva a pedir al juez que archive la investigación sobre ellos: « Carece absolutamente de sentido que se mantenga la imputación de unos periodistas que, de acuerdo con el referido informe policial, ninguna información derivada del móvil publicaron , y que lo único que hicieron fue devolver en un primer momento la información que habían recibido a su titular, y atender, en un segundo momento, a un requerimiento policial de entrega de dicha información».
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