Estos son los «cortafuegos» legales del Gobierno para anticiparse a la consulta de la Generalitat
La Moncloa prevé impedir el referéndum independentista sin tener que aplicar el artículo 155 de la Constitución
El Gobierno prevé impedir el referéndum independentista de la Generalitat de Cataluña sin tener que aplicar el artículo 155 de la Constitución, que en la práctica supondría una suspensión de competencias autonómicas en esta Comunidad. La Moncloa cree que no será necesario recurrir a unos de los artículos más sensibles de la Carta Magna. Consideran que disponen de «herramientas legales alternativas».
Las diferencias con la consulta ilegal del 9-N
La situación actual es «muy diferente» a la de la consulta secesionista del 9-N. Ahora hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional que permite desactivar cada paso hacia la «desconexión» sin necesidad de esperar al 1 de octubre. Por tanto, las vías para impedirlo son hoy más visibles.
Las advertencias del Tribunal Constitucional
El TribunalConstitucional ya advirtió de que cualquier acto preparatorio firmado por el Gobierno de la Generalitat o por cualquier institución catalana es un acto contrario a la Carta Magna que dará lugar a las correspondientes consecuencias legales. Entre ellas, la inhabilitación de los convocantes.
La Abogacía del Estado, alerta
La Abogacía del Estado está preparada para desplegar toda la artillería legal sobre el Constitucional si los independentistas se atreven a dar un paso hacia la «desconexión», especialmente a partir de la segunda quincena de agosto, cuando se espera que hagan algún movimiento en este sentido.
Impedir la organización de un referéndum ilegal
El Ejecutivo vigila los pasos de la Generalitat para impedir que contrate la logística de la consulta ilegal a empresas privadas con cargo a fondos públicos. En este sentido, va a impedir que los fondos transferidos a la comunidad se perviertan en promocionar u organizar un referéndum ilegal.
La actuación de los funcionarios
En el Gobierno celebran la reunión de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría con el sindicato de funcionarios CSIF, que ha diseñado un protocolo para responder a las presiones que los independentistas han ejercido sobre el cuerpo funcionarial para que participe en la consulta secesionista.
Seguir los pasos del Ayuntamiento de Lérida
La semana pasada se conocía que Lérida era la primera capital catalana en negarse a ceder espacios municipales para la celebración del referéndum ilegal. Una decisión que tendrían que imitar otros consistorios, como el de Barcelona, regido por la podemita Ada Colau, ambiguo en cuanto al secesionismo.
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