España ha registrado en la última década 133.241 entradas irregulares de inmigrantes de 7o países
Hasta 2017, cerca de 8.000 se han declarado de origen «desconocido», lo que hace casi imposible su expulsión
La agencia europea de control fronterizo, Frontex, ha incorporado los últimos datos que completan una década de estudio por nacionalidades de la inmigración que entra irregularmente a España. Constan 70 procedencias, aunque las incursiones de argelinos, con un 16,7% del total, y de marroquíes, con el 15,4%, suman prácticamente un tercio del registro (32,1%), en el que figuran a continuación las entradas por este orden de guineanos (10,7%), costamarfileños (6,4%) y malienses (4,9%) mientras que, en el otro extremo, aparecen las llegadas testimoniales a nuestro país en diez años de un único ciudadano de Bután, Colombia, Lesoto, Nepal o Sahara Occidental vía patera o salto a las vallas de Ceuta o Melilla.
La población que en este periodo ha ingresado por canales extrafronterizos está. paradójicamente, encabezada de forma provisional por el grupo compuesto de individuos de origen geográfico «desconocido». A ellos se atribuyen 30.189 de las 133.241 entrads ilegales entre 2009 y 2018, si bien fuentes del Ministerio del Interior subrayan que el número es engañoso y que «cuando se consoliden» las estadísticas, bajo esta catalogación quedará solamente una «cifra residual».
«En un principio, muchos no quieren decir su nacionalidad para no ser devueltos, pero en la inmensa mayoría de casos se acaba determinando y se les incluye en su correspondiente casilla», indican desde el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska. Solo así se explica que en la tabla correspondiente a 2018 aparezca todavía que a lo largo de ese ejercicio se computaron en nuestro país 22.430 accesos sin acreditación alguna de procedencia, lo que significaría que quienes protagonizaron uno de cada tres asaltos a las vallas de Ceuta yMelilla o de los rescates en las pateras del Mediterráneo habrían sido prácticamente inexpulsable.
Los inexpulsable
El año 2018 está, por tanto, pendiente de esas asignaciones de nacionalidad, pero al margen, en España se han documentado 7.564 accesos extrafronterizos desde 2009, lo que representa un 5,6% de toda la inmigración de ese periodo. Las fuentes de Frontex son datos oficiales proporcionados por los estados miembros de la UE y del espacio Schengen, que están disponibles como mínimo con un mes de retraso.
Para el catedrático de Antropología Social y director del Instituto de Migraciones de la Universidad de Granada, Francisco Javier García Castaño, es sabido que una parte de los sujetos que son retenidos por llegar a España por vías ajenas a las legales «no indican su procedencia al objeto de evitar la deportación, ya que si no hay país a donde devolverle, irá al CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros), pero luego saldrá a la calle y se quedará aquí. De forma irregular, pero aquí». El experto precisa que las estadísticas de Frontex en este ámbito de la inmigración que ingresa en España al margen de los cauces normalizados no cuenta el número de «personas», sino de «casos» de esa naturaleza, entendiendo así que un mismo sujeto ha podido acometer varias entradas a lo largo de meses o años.
El no identificarse ante las autoridades una vez en nuestro país protege a los inmigrantes especialmente contra los acuerdos de readmisión que España tiene suscritos con países africanos. Lo subraya Gemma Pinyol, directora de políticas migratorias del think-tank Instrategies, que recuerda que el procedimiento, aún cuando existen esos convenios, no es fácil ni rápido. Se han firmado, aunque con naturalezas y formatos distintos, acuerdos con Marruecos, Argelia, Guinea Bissau y Mauritania – estos cuatros de readmisión en sentido estricto – Nigeria, Gambia, Cabo Verde, Mali, Níger, Guinea Conakry o Senegal.
Los estados interpelados en cada caso suelen enviar delegaciones que no siempre aceptan repatriar a quienes se les propone, aunque la experta no concede del todo crédito a la teoría que apunta a que la razón de ese rechazo sea el deseo de ciertos regímenes africanos de beneficiarse de las remesas. «No digo que no pueda ser, pero para esos países, reconocer que sus nacionales se van es duro...», explica, para añadir la realidad de que también existen gobiernos que utilizan el mecanismo de las repatriaciones «políticamente, como contramoneda». Y buen ejemplo es Marruecos.
Por parte de ciudadanos marroquíes se han contabilizado casi 20.500 incursiones fuera de la legalidad en España en la última década, una cifra solo superada por ciudadanos de Argelia. El dato llamativo es que 11.084 de esas entradas de súbditos alauíes son de 2018, año en que el Gobierno expulsó a 1.489 personas de esta nacionalidad, según concretó en diciembre en respuesta a una pregunta parlamentaria de Bildu. En contestación a otra del PP, el Ejecutivo informó de que, a fecha de agosto, en general se había procedido a ordenar 25.072 devoluciones de inmigrantes, 8.364 de ellas durante el mandato de Mariano Rajoy y el doble, 16.708 a partir de junio, durante el de Pedro Sánchez.
Precisamente Marruecos, indica la investigadora, es uno de esos países «a los que estamos pidiendo que hagan de frontera de la UE» y que «comparado con Turquía, que recibe mucho dinero de la UE, no ha recibido tanto apoyo». En principio, se abonan a Ankara 3.000 millones de euros anuales por contener desde 2015 el flujo de refugiados mientras que sobre Rabat nunca ha habido información clara , más allá de pagos concretos como los 140 millones que el Consejo Europeo aprobó en octubre.
García Castaño subraya que el caso de Rabat «requiere de un análisis muy fino de política intenracional y relaciones diplomáticas, pero con el cambio de Gobierno en España se ve que han planteado una nueva estrategia: que España presione para acelerar un acuerdo con Bruselas , es decir, para ellos la inmigración es fuente de obtención de recursos».
De la repatriación de inmigrantes, económicamente se encarga España con contribución de Frontex. Por poner un ejemplo, entre 2011 y 2015 se ejecutaron 4.674 expulsiones por vía aérea con un coste de 26,3 millones de euros, lo que significa una media de 7.958 euros por deportación, aunque en el Portal de Transparencia del Gobierno firguran tres de 2014 que supusieron cada una de ellas un gasto de 52.267 euros.
Noticias relacionadas
