inmigración femenina (II)
España dio acogida a 44.700 solicitantes de asilo en 2019, el 46% de ellos mujeres
Los beneficiarios del sistema, que incluye alojamiento y las necesidades básicas, han crecido un 25% con respecto a 2018
España ofreció en 2019 servicios sociales para asegurar las necesidades básicas, incluido el alojamiento, de 44.700 solicitantes de asilo sin recursos económicos, el 46,6% por ciento de ellos mujeres, que se convierten así en el colectivo más protegido por este Sistema Nacional de Acogida, donde otro 27,2% lo representaron los menores y el 29,8% los hombres. Son datos facilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirige José Luis Escrivá, en el que, a falta de cifras consolidadas, consta que en enero de este año ha continuado esta misma tendencia, que ya se apreció en 2018, cuando las inmigrantes ya fueron beneficiarias del 43% de las 33.561 asistencias realizadas con cargo a este sistema.
Como ayer informó este diario, el 45,4 del total de las 118.264 peticiones de protección internacional que se registraron en España en 2019 fueron suscritas por mujeres, si bien las estadísticas demuestran que en el mismo ejercicio a ellas únicamente fueron a parar uno de cada cinco reconocimientos del derecho de asilo, en concreto 414 estatutos de refugiadas y 243 de protección subsidiaria. Esta brecha parece corregirse cuando se trata de su acceso a la red llamada a asegurar su subsistencia precisamente mientras permanecen en España a la espera de que se resuelvan esas peticiones. El proceso puede demorarse hasta dos años, tiempo que coincide con el máximo de duración de la acogida, que en todo caso tiene posibilidad de prolongarse hasta los 24 meses en circunstancias de especial vulnerabilidad.
A falta de estadísticas desagregadas que certifiquen cuántas de estas mujeres han llegado a nuestro país solas y cuántas lo han hecho acompañadas, la alta presencia de menores en las tablas que maneja el Sistema Nacional sugiere que muchas de ellas son madres.
En contra de la creencia no poco extendida, estando con sus hijos o aún embarazadas, la Ley de Extranjería prevé su expulsión, aunque en la práctica no suele ordenarse mientras permanecen dentro del procedimiento de asilo. Una vez concluido, cuando la respuesta es negativa, ellas quedan en situación administrativa irregular al igual que sus hijos , lo que es antesala de una expatriación.
Es imprescindible mencionar que la ley sí prevé la suspensión de toda deportación en caso de que la mujer denuncie haber sido víctima de una red de trata o explotación sexual a lo largo de su periplo migratorio y colabore. Una situación legal similar está prevista también para las inmigrantes que hayan sufrido violencia de género corroborada por sentencia condenatoria, a las que se concede un permiso de residencia de cinco años.
El itinerario de la acogida que se brinda a demandantes de asilo sin medios económicos prevé una primera fase de evaluación de necesidades que dura unos 30 días, en los que los inmigrantes permanecen en un alojamiento provisional. Una vez valorados todos los aspectos, si procede, ingresan en un centro o dispositivo por un periodo de 6 a 9 meses. Existen unas 10.000 plazas. Se trata de los Centros de Acogida a Refugiados (CAR) y de otros recursos financiados por el Ministerio de Migraciones que gestionan ONG especializadas, donde se les facilitan los servicios para vivir en condiciones de dignidad, aparte de asistencia legal o psicológica.
29.400 cada mes
Al término de esta estancia, si las personas lo requieren porque no pueden valerse de forma autónoma , pueden seguir recibiendo apoyo de 12 a 28 meses más, incluido económico, para alquiler y el resto de necesidades. Eso explica que el Sistema Nacional atienda cada mes a 29.400 solicitantes de asilo, muy por encima de esas 10.000 plazas fijas disponibles en los centros de acogida.
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