Los empresarios Muñoz Tamara reconocen el pago a Villarejo pero se desmarcan de la extorsión
El comisario había pedido la testifical de la mujer de uno de ellos para intentar acreditar que no hubo un encargo, sino un «favor de amigo»
Los empresarios Juan y Fernando Muñoz Tamara han reconocido ante el tribunal que juzga estas semanas al comisario jubilado José Manuel Villarejo que le pagaron 20.000 euros «en efectivo» en «la sala de juntas» de sus oficinas en la madrileña Torre Picasso por «el encargo» de recabar información personal de Mateo Martín, con el que mantenían un litigio, y su abogado, el exjuez Francisco Urquía. Han negado no obstante, haber utilizado la información comprometedora que el polémico mando les proporcionó sobre este último.
Ambos están acusados como clientes del comisario en una de las tres piezas separadas que juzga la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la denominada Pintor. Y los dos han reconocido ya ante la Fiscalía Anticorrupción su participación en los hechos , a saber: Que ante un conflicto que Fernando Muñoz Tamara tenía con Martín por un delito fiscal del que éste había decidido desmarcarse por indicación de Urquía, acudieron a Villarejo para recabar información que evidenciase que, contra lo que venía alegando, no era insolvente.
Lo que acabaron recibiendo a cambio fueron dos vídeos comprometedores de ese abogado, otrora juez en Marbella . Uno antiguo y otro que según la tesis de la acusación, se habría grabado ad hoc y por el que hay varios detectives sentados en el banquillo y aún pendientes de declarar.
La cuestión es que la defensa de Villarejo pidió al inicio de las sesiones que declarase como testigo la mujer de uno de los empresarios, Juan Muñoz, la conocida periodista Ana Rosa Quintana. Entendía que su testimonio, que fue rechazado por el tribunal, podía esclarecer que aquello no fue un encargo sino «simplemente un trato de amigo» y «una ayuda ante una extorsión que estaban sufriendo». Se trataba de «eliminar el agravante» y tal vez el delito de cohecho que, junto al de revelación de secretos, se le imputa también por este asunto.
Sin embargo, los dos acusados han dejado claro que sí se produjo un pago y se han referido al asunto en términos de «encargo». «Fueron 20.000 euros en efectivo. Los entregué yo. Lo dejé en el despacho estando presente el señor Villarejo, el señor Rafael Redondo, mi hermano y yo. Fue en Torre Picasso, en la sala de juntas», ha declarado Fernando Muñoz.
Preguntados por el uso final que dieron tanto al informe que recibieron de Villarejo en mayo de 2017 como a los dos vídeos que se les facilitaron, ambos se han desmarcado. «Yo nunca y mi hermano, me consta que jamás. De hecho, a la finalización de la reunión dimos por concluido cualquier análisis de esa información y Fernando siguió otro camino», ha asegurado Juan Muñoz.
Según el relato que ambos han sostenido, en una primera reunión en el transcurso de una comida en febrero de 2017 trasladaron a Villarejo el problema de Fernando Muñoz, que iba a tener que asumir en solitario la responsabilidad civil de un delito fiscal que Mateo Martín había previamente reconocido acordando que asumirían a medias las consecuencias cuando llegase el juicio.
«Indudablemente», ha dicho Fernando Muñoz, aquel empresario había cambiado de parecer por consejo de su nuevo abogado, Francisco Urquía. «En esas reuniones se habló un poco de todo y uno de los pasos que vimos fue la posibilidad de obtener información de Urquía para que de alguna forma no siga siendo su abogado . Eso se comentó y a mi me pareció correcto», ha concedido el empresario.
Juan Muñoz ha apuntado sobre esto mismo que en ese primer encuentro, «tan pronto se menciona el nombre de Urquía, Villarejo recuerda que esta persona tiene debilidades y menciona un video muy antiguo pero que él dice que no sabe si va a poder conseguir». Para marzo, en una segunda reunión en Torre Picasso, se les puso el vídeo, «dos señoritas» y «drogas». Y allí acudió el abogado Ricardo Álvarez Ossorio, en calidad de «amigo» de Fernando Muñoz y también acusado.
«La reunión pasó una línea y Villarejo puso el vídeo»
«Llega un momento en que la reunión pasa una línea y va más allá y el señor Villarejo presenta el video de manera que no solo Mateo Martín cambiase su posición sino que cambiara porque su abogado estaba en una posición delicada en ese vídeo que tenía una década o más. Se pone el vídeo. Y ese video con todos los respetos, ya había circulado por todos los foros de Marbella (...) dije que si ese video no había causado impacto cuando estaba casado y era juez, ahora no. Y dije que no tenía practicidad», ha declarado Álvarez Ossorio.
Según ha dicho, «la intención» es que él, como letrado y conocedor de Marbella, hiciese la gestión con Urquía y le informase «de forma amable» sobre el vídeo. «Yo no me la quería llevar pero parecía que yo era el portavoz idóneo. Por no decir en el momento que no, digo vale. Esa era la intención, era lo que se me solicitaba, pero una cosa es que yo no sepa decir que no y otra que yo no sepa hacer que no. Y es lo que hice. Jamás hablé con Paco Urquía del tema», ha declarado.
Álvarez Ossorio ha asegurado que en ese momento finalizó su intervención en este asunto, del que se produjo una reunión más, ya en el mes de mayo, donde según los empresarios Muñoz Tamara, se les hizo entrega del informe sobre Mateo Martín y Urquía con un video nuevo del exjuez en el que aparecía consumiendo drogas en el baño de un local público.
Se trataba, en palabras de Fernando Muñoz, de «intentar que el señor Urquía dejara de ser abogado del señor Martín». «¿En algún momento se utilizó el material que había recibido en ese conflicto?», le ha preguntado el fiscal César de Rivas: «No, nunca», ha zanjado.
Lo que no han aclarado, pues tampoco la Fiscalía ni sus defensas, las únicas partes a las que han contestado, han formulado la pregunta, es por qué habiendo pagado 20.000 euros por aquella información luego no la utilizaron. Sí han incidido en que ya antes de ser detenidos por el caso Villarejo, Fernando Muñoz había ya cerrado un acuerdo con la Abogacía del Estado y la Fiscalía por el que asumiría íntegra la responsabilidad civil de aquel delito fiscal del que Mateo Martín se había desmarcado.
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