Manuel Marín - ANÁLISIS
Directo al bolsillo
Por primera vez en su historia, el Tribunal Constitucional ha hecho uso de la facultad que le permite imponer multas coercitivas para obligar a cumplir sus resoluciones. Los «agraciados», que estaban sobre aviso, han sido una veintena de altos cargos de la Generalitat y de la Sindicatura Electoral y tendrán que afrontar el pago de entre 6.000 y 12.000 euros diarios mientras no renuncien a sus cargos y acrediten que cumplen con las decisiones del alto Tribunal. En el fondo, hubo unanimidad en el TC. En la forma no tanto, pero las discrepancias de tres magistrados progresistas con el resto del Tribunal son a muchos efectos irrelevantes. El dato objetivo es que el bolsillo, cuyo lenguaje es universal y fácilmente comprensible incluso para el más separatista de los separatistas, ya forma parte también de la ofensiva del Estado para impedir el referéndum ilegal.
Desmontado el operativo logístico, imputados algunos de los responsables, acusados otros ya por la Guardia Civil de sedición, y con exigencia de responsabilidades penales a la presidenta del Parlament, el siguiente paso del Estado ha sido el de multar apuntando directamente al patrimonio personal de los responsables. Allí es donde terminan de escocer realmente los llamamientos a la rebelión y a la insumisión en las calles. Y de no mediar un pago voluntario, la Agencia Tributaria tiene el mandato de embargar el importe correspondiente «con carácter urgente y preferente». Más motivos para incrementar la nómina de santos adscritos al martirologio secesionista.
Siempre se dijo que el aparato del Estado es extremadamente lento y a menudo ineficaz. Pero cuando su maquinaria arranca, pulveriza la ilegalidad en defensa propia como una trituradora. Las apelaciones al diálogo son razonables y lógicas para resolver cualquier conflicto. Pero estamos en otra fase, la de conjurar un chantaje destructivo de la soberanía nacional. Ya no tiene marcha atrás. Si hay que dialogar, se dialogará después, y con otros interlocutores, porque en el PDECat y en ERC hay un banquillo silente que espera su momento. Mientras, a los multados les queda la doble alternativa de dimitir o recurrir a una colecta pública. Y ya se sabe que contra el vicio de pedir… nadie lleva suelto.
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