Detenidos tres hombres del entorno de Mas por la corrupción en Cataluña
Ayuntamientos pequeños y medianos, y las empresas de infraestructuras de la Generalitat y Barcelona adjudicaban obras a cambio de dinero para CDC
Las investigaciones de la trama corrupta del 3 por ciento estrechan, cada vez más, el círculo de la sospecha sobre las actuaciones de la Generalitat en la que estuvo Artur Mas al frente . Ayer, en una nueva vuelta de tuerca, la Fiscalía Anticorrupción y contra el Crimen Organizado ordenó 18 detenciones -cinco de los implicados ya lo habían sido anteriormente por este mismo asunto- y una veintena de registros, que fueron realizados por 150 agentes de la Guardia Civil, que investiga el caso.
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Entre los arrestados hay tres personas del entorno directo de Mas: Sixte Cambra, presidente del Puerto de Barcelona y buen amigo del expresidente, quien quedó en libertad tras el registro de esas dependencias; Francesc Sánchez, hombre clave en la refundación de CDC como Partido Demócrata de Cataluña y Antoni Vives, que fue concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de la Ciudad Condal con Xavier Trias. Asimismo fue arrestado el director de la Fira, Constantí Serrallonga, gerente de ese consistorio entre 2011 y 2015, y Ángel Sánchez, máximo responsable de Bimsa, la empresa municipal que adjudica la obra pública.
Viloca, en la diana
La operación de ayer es la cuarta fase de la investigación de esta trama corrupta , cuyo funcionamiento se basaba en la adjudicación de obra pública a cambio de dinero para Convergencia. Esos sobornos se ocultaban como donativos para las fundaciones del partido nacionalista, muy especialmente Catdem , desde donde se canalizaban hacia el partido.
El extesorero de todas esas entidades nacionalistas era Andreu Viloca , quien sorprendentemente, a pesar de no haber razón alguna para ello, hacía un seguimiento minucioso de las adjudicaciones que se hacían desde todas las entidades públicas gobernadas por su partido, ya fuesen ayuntamientos, diputaciones o la propia Generalitat. Y por supuesto, controlaba los pagos. Fue detenido el 21 de octubre de 2015 y llegó a ingresar en prisión por orden del titular del Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell, que entiende del caso. Ayer fue de nuevo arrestado.
Formalmente se seguían todos los pasos marcados por la ley: pero el análisis de todos los datos conjuntos que rodeaban las adjudicaciones -reuniones entre políticos y empresarios en fechas claves de los procesos, agendas y los ingresos de dinero, especialmente- revelan claramente que se trataba de concursos amañados con la finalidad ya señalada . La empresa que accedía, trabajaba; la que no, se quedaba fuera. Y todo está acreditado por la abundante documentación intervenida en los registros.
Siete delitos
En palabras de la Fiscalía Anticorrupción, «se intervinieron en el despacho de Viloca, en la sede de CDC, anuncios de licitaciones que posteriormente eran adjudicadas a unas empresas con cuyos representantes se reunía previamente y de quienes se recibían donaciones para Catdem ». Es decir, corrupción pura y dura que se traduce en los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, blanqueo de capitales y malversación de caudades públicos.
Es relevante destacar el hecho de que lo que comenzó por una denuncia de una concejal de ERC del Ayuntamiento de Torredembarra por la alteración de un concurso público en la construcción de un aparcamiento llevó, primero, hasta otros consistorios pequeños y medianos -Figueras, Sant Celini, Sant Cugat y Lloret de Mar, todos en manos de Convergencia-; luego hasta empresas muy importantes como Teyco, Grupo Soler, Oproler o Copisa, entre otras; más tarde a Infraestructures de la Generalitat de Catalunya -empresa pública de esa comunidad encargada de la adjudicación de obras- y ayer a Bimsa, su homóloga del Consistorio de Barcelona.
Todas las adjudicaciones investigadas son con Artur Mas en el gobierno ; y ayer, además, fueron detenidas personas de su entorno inmediato. En estas circunstancias, la gran pregunta es si este «modus operandi» -corrupción sistémica porque no afecta a unos particulares como en el caso de los Pujol- era posible sin el conocimiento y autorización de los máximos responsables de la administración de Cataluña, una tesis que parece abrirse paso.
La operación comenzó a primeras horas de la mañana con algunas detenciones. Poco después de las 9.30, la Guardia Civil entró en el edificio del World Trade Center , donde tiene su despacho el presidente del Port de Barcelona, Sixte Cambra. A partir de ahí continuaron los arrestos y comenzaron los registros, muchos de ellos simultáneos, en edificios públicos -el de Bimsa y de nuevo el de Infraestructures, además de las oficinas de Puerto de Barcelona-, y en las empresas implicadas en las adjudicaciones.
Las entradas se hicieron en Barcelona, Sant Boi de Llobregat (Barcelona), Rubí (Barcelona), Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Manresa (Barcelona), Lérida, Madrid, El Prat de Llobregat (Barcelona), Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), Gerona, Berga (Barcelona) y Majadahonda (Madrid).
En cuanto a los detenidos, al cierre de esta edición aún no se había tomado la decisión de cuántos de ellos serán puestos finalmente a disposición judicial . Dependerá de la evaluación que se haga de las entradas y registros.
Sí se sabe que fueron trasladados a la Comandancia de Tarragona el ex tesorero de Convergencia Andreu Viloca; Francesc Sánchez de CDC; los empresarios Josep Maria Bassols, de Oproler, Xavier Tauler y Sergio Lerma, de Copisa y Félix Pasquina y al ex teniente de alcalde de Barcelona, Antoni Vives, por ser el máximo responsable de la empresa municipal de Barcelona que hizo gran parte de la decena de adjudicaciones de obra pública investigadas. Todos ellos pasaron la noche en los calabozos y hoy se decide si pasan a disposición judicial.
