¿Dejación de funciones del Gobierno?: la ley señala que debió liderar la respuesta desde el primer minuto
La Ley General de Salud recoge el auxilio de las Fuerzas de Seguridad y la regulación de actividades privadas
![El ministro de Sanidad, Salvador Illa, el pasado 10 de marzo](https://s1.abcstatics.com/media/espana/2020/03/13/illa2-U52806506778JaU-1200x630@abc.jpg)
Mes y medio después de que el coronavirus llegara a España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la declaración del estado de alarma para movilizar todos los recursos disponibles frente a la enfermedad.
El Ejecutivo ha acabado llegando a este punto al ignorar tanto el mandato de liderar la respuesta a la crisis sanitaria que le encomienda la Ley General de Salud Pública, como las posibilidades que ofrece este texto, completamente preparado para hacer frente de manera rápida y directa a una epidemia como la que España está padeciendo.
En su capítulo V, la citada ley mandata a la autoridad sanitaria estatal -el ministro de Sanidad, Salvador Illa- «la adopción de medidas sobre coordinación y ejecución de las actuaciones de salud pública», en circunstancias ordinarias. Y aumenta esta labor con la adopción «de cuantas medidas de intervención especial, en materia de salud pública resulten precisas por razones sanitarias de urgencia o necesidad o ante circunstancias de carácter extraordinario que representen riesgo evidente para la salud de la población ».
El texto prevé incluso la participación de las Fuerzas de Seguridad para solventar la crisis si Sanidad así lo considerara necesario. «Podrá solicitar el apoyo, auxilio y colaboración de otros órganos administrativos, funcionarios públicos u otras instituciones, pudiendo incluso requerir, en caso de estricta y urgente necesidad y para el mejor cumplimiento de la legislación vigente, el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado u otros agentes de la autoridad que tengan encomendadas funciones de seguridad».
La ley dispone también que Sanidad «dictará disposiciones y tendrá facultades para actuar» en las actividades «públicas o privadas para proteger la salud de la población».
La aplicación de esta ley es directa y sus medidas no requieren ningún trámite adicional, por lo que permite ofrecer una respuesta rápida ante la expansión de cualquier enfermedad, si el Gobierno hace uso de ella.
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