El Constitucional admite los recursos de PP y Cs contra los juramentos de los diputados independentistas

Los recursos se corresponden con la legislatura fallida de 2019, en la que se formó Gobierno, provocando la repetición de las elecciones

Sede del Tribunal Constitucional en Madrid EFE

Isabel Vega y EP

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite, con una mayoría de 8 votos a favor, los recursos de amparo presentados por el PP y Ciudadanos contra los acuerdos que validaron los juramentos emitidos por varios diputados y senadores independentistas.

El TC aprecia que en los recursos concurre una «especial trascendencia constitucional» porque el asunto podría tener «unas consecuencias políticas generales, lo que implicará la necesidad de aclarar la doctrina del Tribunal» . Estos recursos se corresponden con los presentados tras la constitución de las Cortes de la legislatura fallida de 2019, en la que no se logró formar Gobierno y hubo que repetir las elecciones.

El recurso del PP, al que luego se sumaría Ciudadanos, fue presentado en julio del año pasado y pedía amparo frente a la decisión de la presidenta del Congreso Meritxell Batet, que con la mayoría del Grupo Socialista y Unidas Podemos en la Mesa, el 21 de mayo dio por buenas las fórmulas de acatamiento de la Constitución que utilizaron en la sesión constitutiva de las Cortes varios diputados independentistas.

En concreto, habían acudido a un acatamiento de la Constitución "por imperativo legal", una fórmula que según argumentaban los 'populares' soslayaba el requisito de juramento o promesa de la Carta Magna que impone además, la doctrina al respecto del Alto Tribunal.

Consideraban también que permitir ese espectáculo era una falta de respeto, pues en algunos casos, introdujeron coletillas del tipo "por la libertad de los presos políticos".

Un año después, y habiéndose celebrado en el ínterin otra sesión constitutiva de las Cortes, el Tribunal Constitucional decide con ocho votos a favor y cuatro en contra de magistrados progresistas, admitir a trámite el recurso del PP y Ciudadanos para estudiarlo a fondo. Vox recurrió cuando en diciembre los diputados independentistas volvieron a optar por esas fórmulas alternativas, pero la admisión de su iniciativa aún no se ha resuelto.

Se trata, según informa Europa Press, de los magistrados María Luisa Balaguer, Cándido Conde-Pumpido, Juan Antonio Xiol y Fernando Valdés, que optaban por una inadmisión de plano de este asunto.

Así, pese ha tratarse de una mera admisión a trámite, esta cuestión ha motivado una fuerte división en el Tribunal. De hecho, iba a ser resuelto por la Sala Primera del tribunal, pero finalmente fue a Pleno por decisión de un grupo de magistrados del sector conservador.

La discusión sobre si son legales los acatamientos poco ortodoxos formulados por algunos parlamentarios a la hora de asumir su escaño, que ha llegado ahora al TC no es nueva para este órgano, que en octubre de 2017 rechazó un recurso presentado por el PP contra la negativa de varios parlamentarios vascos a jurar la constitución.

En dicha ocasión dictaminó que "no cualquier acto parlamentario que infrinja la legalidad del ius in officum" parlamentario resulta lesivo del derecho fundamental" que se invocaba, por lo que inadmitió el recurso del PP, según la providencia dictada en su momento a la que ha tenido acceso Europa Press.

Según la citada providencia, la decisión adoptada en su día por la Mesa de Edad del Parlamento del País Vasco, de 21 de octubre de 2016, que aceptó que los diputados nacionalistas obviaran el trámite de acatar la Constitución, "no lesionó el derecho del resto de parlamentarios a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes (artículo 23 CE).

Los parlamentarios que fueron elegidos en los últimos comicios generales juraron o prometieron la Constitución el pasado mes de diciembre sin que el tribunal de garantías hubiera resuelto aún sobre la validez de las distintas fórmulas de acatamiento utilizadas por algunos diputados. El asunto podría comenzar a estudiarse ahora, informa Ep.

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