El Congreso vinculó el voto telemático de Casero al chequeo telefónico que no se realizó
La autorización que la Cámara remitió al diputado popular confirma la vigencia de la resolución de 2012
Presidencia aseguraba hasta ahora que esa regulación estaba superada y no había que cumplir su contenido
La Mesa del Congreso autorizó que el voto telemático del diputado popular Alberto Casero se llevara a cabo «conforme a los términos previstos» en el artículo 82 del Reglamento y la Resolución de la Mesa de la Cámara del 21 de mayo de 2012. Esta regulación establece que el voto a distancia debe estar seguido de una comprobación telefónica por parte de los servicios de la Cámara, «antes del inicio de la votación presencial» para asegurar «la emisión efectiva del voto y su sentido» . Solo una vez verificados ambos extremos, el voto puede ser trasladado a la Presidencia para su contabilidad. Además, prevé que un diputado pueda votar presencialmente después de hacerlo telemáticamente, si la Mesa del Congreso le autoriza y anula el voto a distancia.
Ninguna de estos dos premisas se cumplió el pasado jueves en la convalidación de la reforma laboral ya que, como viene sucediendo desde el inicio de la pandemia, los letrados no telefonearon al diputado popular para comprobar su voto. Tampoco la Mesa tuvo la oportunidad de autorizar la petición de Casero para que se anulara su voto telemático porque la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, vetó esta posibilidad de forma unilateral.
La justificación que se venía esgrimiendo desde Presidencia del Congreso es que la resolución de 2012 quedó superada por dos acuerdos adoptados por la Mesa del Congreso en 2020 y 2021, en el marco de las medidas excepcionales adoptadas por la pandemia y la generalización del voto telemático. Esos dos acuerdos no incluyen la comprobación telefónica del voto telemático ni aluden a una posible repetición del voto de forma presencial, por lo que el equipo de Batet ha venido defendiendo que las exigencias de 2012 habían quedado derogadas.
Nueva falta a la verdad
El escrito que el propio Congreso remitió a Casero confirma ahora que esa versión no se ajusta a la verdad, y que el ejercicio del voto telemático sigue estando regulado por la resolución de 2012, tal y como han venido advirtiendo los juristas consultados por ABC. De hecho, la autorización remitida al diputado popular no alude en ningún momento a los acuerdos de la Mesa de 2020 y 2021. Estos no solo tienen rango jurídico inferior a la resolución de 2012 sino que su carácter es temporal y excepcional, y carecen de cuerpo articulado. A ello se une que el voto telemático generalizado de los diputados llegó a su fin el pasado otoño, cuando la Cámara volvió a imponer la presencialidad al 100 por ciento en todas las votaciones. El voto a distancia volvió a quedar reservado para causas excepcionales como enfermedad, maternidad o muerte de familiar pero los servicios del Congreso siguieron sin practicar el chequeo telefónico recogido en la resolución de 2012.
La autorización remitida a Casero está fechada el 1 de febrero de 2022 y firmada por el secretario general adjunto para asuntos parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
Es la segunda vez en cuatro días que la argumentación de Batet queda desmontada . El mismo jueves, la presidenta de la Cámara aseguró ante el Pleno que la Mesa era «conocedora» y había «podido analizar» la petición de Casero. Sin embargo, no era verdad. Batet no convocó a este órgano para tratar el asunto ni tampoco consultó uno a uno a sus miembros. El vicepresidente cuarto, Ignacio Gil Lázaro, ha declarado que se enteró de lo que había sucedido cuando ya había concluido la votación presencial.
El asunto sigue coleando en la actualidad política, con las miradas centradas en la presidenta del Congreso. Ayer desde Bruselas, el presidente del PP, Pablo Casado, volvió a advertir de que puede incurrir en «prevaricación» y reiteró que su partido llegará hasta el Tribunal Constitucional si no se produce una rectificación desde la Mesa. También fue contundente el vicepresidente político de Vox, Jorge Buxadé, quien hilvanó una serie de descalificativos para referirse a lo sucedido el jueves: «esperpento, ilegalidad, inconstitucionalidad, escándalo político...».
En Vox, la única línea argumental que siguen es la de la presunta actuación contraria al Reglamento protagonizada por Batet . «Da igual», zanjó ayer Buxadé, si el diputado Alberto Casero se equivocó al votar o si, como después argumentó el PP, fue un «fallo informático» el que modificó el sentido de su voto. Buxadé acusó a Batet de «saltarse el Reglamento» para que se aprobase la reforma laboral, lo que a su juicio sitúa a España al nivel de las «narcodictaduras de Cuba y Venezuela». «La señora Batet se saltó la norma, pasó por encima de las normas del Reglamento del Congreso de los Diputados y de las resoluciones acordadas por el Pleno, que deberían ser ley para ella», insistió el portavoz político de Vox.
El número cuatro de Ciudadanos (Cs), Daniel Pérez Calvo, censuró de «bochorno» lo vivido la semana pasada en el Congreso, con «una votación bronca y un espectáculo lamentable», y remarcó que esa no es la imagen que España debe dar ante Europa. No obstante, desde Cs, partido que apoyó la reforma laboral pactada con los agentes sociales, se prioriza el foco en el contenido de la norma y en el enfrentamiento entre PSOE y PP. Inés Arrimadas, en Antena 3, criticó que solo se pongan de acuerdo para «repartirse cargos» de RTVE, el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas.
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