El Congreso da un paso más en el recorte de funciones del Tribunal Constitucional
El PSOE y sus socios rechazan el intento de PP y Vox de mantener el recurso previo de constitucionalidad y los mecanismos que garantizan la ejecución de sus resoluciones; la reforma sigue adelante
Tras la ofensiva del Gobierno y sus socios para maniatar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), impidiéndole hacer nombramientos mientras esté en funciones , el Congreso ha dado un paso más este jueves en la merma de atribuciones de otro órgano fundamental en el engranaje del Estado: el Tribunal Constitucional. PSOE y sus socios han rechazado las enmiendas presentadas por el Grupo Popular y Vox a la proposición de ley del PNV que suprime el recurso previo de inconstitucionalidad y las herramientas con las que el PP dotó al TC en 2015 para hacer cumplir sus resoluciones. El momento en el que esto se produce es especialmente preocupante por cuanto el gobierno de la Generalitat, que con toda probabilidad saldrá mañana del Parlament, no ha ocultado su hoja de ruta para esta legislatura: referéndum, amnistía y soberanía.
Según populares, Vox y Ciudadanos, se está allanando el camino para no encontrar obstáculos que frenen de forma preventiva la modificación de estatutos de autonomía del País Vasco y Cataluña, un freno que el TC podría poner a posteriori en cualquier caso pero que llegaría tarde, como sucedió con los cuatro años en los que estuvo en vigor el Estatut antes de que el órgano de garantías tumbara casi una veintena de artículos.
«Mecanismos de defensa»
Desde Vox, el diputado Javier Ortega Smith ha defendido la necesidad de mantener ese recurso previo de inconstitucionalidad (e incluso de extenderlo a leyes orgánicas) ante las «permanentes amenazas» a las que se enfrenta el ordenamiento constitucional, de las que el «golpe de Estado» del 1-O ha sido su máximo exponente. «Estos ataques a la Constitución necesitan mecanismos de defensa», y eso es lo que tiene establecido nuestra Constitución y la Ley Orgánica que regula el TC, «máximo garante» de la Carta Magna.
A su juicio, no solo hay que tener mecanismos de protección reactiva, ha dicho, sino también preventiva, cuyos «beneficios son indudables». «Si tenemos un filtro previo de constitucionalidad tendremos mayor seguridad jurídica (...) El recurso previo es la vacuna preventiva frente a la contaminación del cuerpo jurídico del Estado» y aunque una norma pueda ser declarada después inconstitucional, «los efectos perniciosos de un estatuto de autonomía que atente contra el orden constitucional son irreparables». Cree Ortega Smith que el motivo de esa supresión legislativa es «allanar el camino a esa reforma del Estatuto de Guernica que ya están preparando , una vía ilegítima de reforma constitucional».
También desde el PP se ha defendido la necesidad de mantener este recurso previo de inconstitucionalidad. Jaime Eduardo Olano ha recordado que se trata de un «instrumento eficaz» para detectar y poder «depurar» del ordenamiento jurídico actos y leyes «manifiestamente inconstitucionales». A su juicio, lo que pretende el PNV con esta iniciativa es «buscar el choque de supuestas legitimidades para mantener vivo un conflicto con el que continuar engañando a sus votantes».
Respecto a los mecanismos con los que la reforma del 2015 dotó al TC para garantizar el cumplimiento de sus resoluciones, Olano ha señalado que esa ejecución está ahora mejor asegurada, especialmente en un momento en el que ha aventurado que habrá que volver a aplicar esta reforma (en referencia al nuevo gobierno en Cataluña).
«Desconfianza preventiva»
El argumento del promotor de la iniciativa, el PNV, para denostar este recurso previo es por que su mera existencia denota «desconfianza preventiva» hacia el Legislativo . «Para nosotros el recurso previo solo tiene sentido respecto a normas ajenas a la actividad del Parlamento, lo contrario es desconfianza preventiva», ha dicho.
Especialmente duro se ha mostrado Edmundo Bal, para quien el motivo de la reforma es claro: «Se trata de bordear la Constitución: creo reformas de estatutos de autonomía patentemente inconstitucionales, las someto a referéndum, finalmente el TC dice que es inconstitucional y el malvado pueblo español se opone a la soberanía del pueblo vasco o del pueblo catalán», ha resumido.
«Imposiciones» del TC
Dirigiéndose a Legarda, el diputado de Ciudadanos le ha reprochado que aluda a un «choque de legitimidades» . «En España lo legítimo es lo que está de acuerdo con la Constitución, no lo que se somete a referéndum siendo inconstitucional». Bal ha comparado la dialéctica del PNV con ERC, Bildu o la CUP. Da igual si no le gusta «lo que dice el Tribunal Constitucional, lo único que hay que hacer es acatarlo, señor Legarda; así son las cosas, esas cositas que tiene el Estado de Derecho», ha ironizado. En este sentido le ha dicho que lo que llaman «imposición» es «la adecuación de las leyes con la Constitución». «Para ustedes lo que dice el TC es una imposición. Imposición es lo que queda al margen de la ley, no cuando el Estado de Derecho impone respetar la Constitución y la ley».
Por su parte, el socialista Odon Elorza se ha movido en el terreno de la ambigüedad, lo que aventura que podría presentar una enmienda parcial a la proposición del PNV. En vez de cerrar filas con el TC como órgano esencial en la arquitectura constitucional del Estado, Elorza ha rechazado las enmiendas de PP y Vox a la supresión legislativa pese a defender ese recurso previo en los estatutos de autonomía, para que el texto en cuestión no sea llevado al TC una vez que se ha sometido a consulta a la ciudadanía, sino antes.
Respecto a las herramientas que garantizan la ejecución de sus resoluciones, ha reconocido Elorza que «lo más problemático es la postestad de apartar al cargo público del ejercicio de sus funciones». A su juicio, los mecanismos establecidos en 2015 no han aportado nada nuevo para que el TC hiciera ejecutables sus sentencias.
