Ciudadanos propone que un comité evaluador preseleccione a magistrados para el TC
Presenta una proposición de ley para despolitizar nombramientos en órganos e instituciones que tienen que ser independientes
La reforma afectaría al Tribunal de Cuentas, a los ochos vocales juristas del CGPJ o al nombramiento del fiscal general
Tras el acuerdo con el que PSOE y PP han renovado órganos cuyo mandato ya estaba vencido y el revuelo originado en torno al perfil político de los elegidos magistrados del TC, el Grupo Parlamentario Ciudadanos ha presentado una proposición de ley en el Congreso para reformar el procedimiento de designación de los miembros de los órganos constitucionales, lo que incluye al TC , pero también al Tribunal de Cuentas, al Defensor del Pueblo, a los vocales del CGPJ y al propio fiscal general del Estado. El partido de Inés Arrimadas propone, entre otras, que no puedan ser elegidos magistrados del TC personas que «aun reuniendo los requisitos necesarios para el ejercicio de este cargo, se encuentran estrechamente relacionados con partidos políticos o sindicatos».
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«La separación de poderes, la división entre la esfera pública y la privada o una administración y unas instituciones neutrales, independientemente del color del gobierno de cada momento, son garantía de justicia y pilar básico de nuestros sistemas democráticos», señala el texto de Cs. A juicio del partido, hay «muchos motivos» para evitar que se siga produciendo un reparto partidista en órganos democráticos clave, y uno de ellos es recuperar la confianza de los ciudadanos en la política y las instituciones. «A pesar de que, afortunadamente, nuestro país cuenta con unos altos índices de aprobación del sistema democrático, está probado que puede haber regresiones en este sentido si perciben que la democracia no funciona o que no es realmente democrática. El reparto institucional, la violación de los principios básicos de la democracia liberal y la colocación de leales solo contribuyen a perjudicar esa imagen y la confianza de los ciudadanos», apuntan en la proposición de ley. «Neutralidad y meritocracia» deben ser las bases de unas instituciones que fiscalizan, evalúan y controlan al poder político.
Preselección por un comité independiente
La propuesta para cambiar el sistema de elección de los magistrados del TC se basa en un procedimiento en el que hay una preselección por parte de un comité evaluador entre los aspirantes que cumplan los requisitos de idoneidad requerida (juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional). Los miembros de ese comité evaluador, designados en una sesión de la Comisión Constitucional, podrían ser magistrados y fiscales, profesores de Universidad, funcionarios públicos y abogados de reconocida competencia y trayectoria profesional. «En el plazo de los veinte días naturales siguientes a la publicación de la lista definitiva de solicitudes admitidas, el Comité Evaluador emitirá el informe de evaluación de la idoneidad de los solicitantes, junto con una relación de los mismos en función de la puntuación obtenida. La valoración se realizará a partir de un catálogo que enumerará una serie de méritos, competencias, aptitudes y otras circunstancias que puedan manifestar la idoneidad del solicitante, cuyo baremo será determinado por el Comité Evaluador«, reza el texto. En base a los resultados de los informes de evaluación de idoneidad, el comité preseleccionaría a ocho candidatos, de los que, tras comparecer ante la Comisión Constitucional de Congreso y Senado, serían elegidos cuatro por el Congreso y cuatro por el Senado.
Defensor del Pueblo: vetados cargos políticos
Junto a la «despolitización» de los miembros del TC, Cs propone también un nuevo sistema de elección del Defensor del Pueblo: un procedimiento de selección competitiva abierto para valorar la idoneidad de los candidatos de acuerdo a sus méritos y capacidad.
También propone modificar las mayorías necesarias para ser designado alto comisionado de las Cortes Generales, fijando una votación favorable de las tres quintas partes de los miembros del Congreso y del Senado en todo caso e introduciendo una cláusula de desbloqueo para evitar interinidades prolongadas ante la incapacidad de las Cámaras de alcanzar las mayorías necesarias para su renovación. También en este caso se introducen nuevas causas de inelegibilidad para desempeñar el cargo, relacionadas con el desempeño previo de cargos de carácter político.
La proposición de ley se centra también en la reforma el régimen de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los doce de procedencia judicial sean elegidos directamente por los jueces y magistrados en la línea que marca Europa y a la que el PP condiciona su apoyo a la renovación del órgano de gobierno de los jueces. A su vez se refuerza la objetivación de los criterios de mérito y capacidad en la elección de otros ocho vocales de procedencia no judicial y que tradicionalmente son elegidos a dedo por los dos principales partidos.
Ciudadanos propone para el Tribunal de Cuentas un procedimiento de selección competitiva abierto para valorar la idoneidad de los aspirantes a consejeros de acuerdo a sus méritos y capacidad. Y como en el caso del Defensor del Pueblo, establece una cláusula de desbloqueo para garantizar a renovación ante la incapacidad de las Cámaras de alcanzar las mayorías necesarias para su renovación y causas de inelegibilidad para desempeñar el cargo relacionadas con vínculos políticos.
Un fiscal general escrutado
Sobre el nombramiento y cese del fiscal general, otro punto caliente de los nombramientos del Gobierno de Sánchez, propone articular un nuevo procedimiento que garantice su independencia de los intereses de las formaciones políticas. En el procedimiento de elección tendrían un papel más activo Consejo Fiscal y Consejo General del Poder Judicial y suma importancia la memoria con los méritos y objetivos del candidato en cuestión.
Por último, la proposición de ley introduce como causas de inelegibilidad para ser miembro del Gobierno de España el hecho de haber sido nombrado para formar parte de cualquiera de los órganos constitucionales o de una autoridad administrativa independiente. Se trata de eliminar cualquier incentivo de orientar sus actuaciones en beneficio del Gobierno de España o cualquier grupo parlamentario en perspectiva de ser nombrado alto cargo del Gobierno una vez espire el mandato del puesto para el que fue designado.
