Once diputados rompen la disciplina de voto y rechazan a Arnaldo para magistrado del Tribunal Constitucional
Fuentes parlamentarias aseguran que la mayoría de votos en contra son de Unidas Podemos porque los socialistas cuentan solo con el 'no' de Odón Elorza y dos «errores», entre ellos el de José Luis Ábalos.
El acuerdo de PSOE y Partido Popular no peligraba aún así, había margen porque los grupos cogobernantes y el PP suman 242 escaños y la mayoría necesaria para esta renovación es 210
Amenazaba una tempestad pero al final solo hubo tormenta. Pese a que en las filas de PSOE y Podemos se consumó la ruptura de la disciplina de voto con más díscolos de los previstos –once–, los cuatro candidatos al Tribunal Constitucional y los también pactados con el PP para el Tribunal de Cuentas, Agencia de Protección de Datos y Defensor del Pueblo, salieron adelante este jueves en el Congreso con mayoría más que necesaria para hacer posible la renovación de los respectivos órganos.
Las bancadas de PSOE, PP y Unidas Podemos suman 242 escaños ya que el exnúmero tres de la formación morada, Alberto Rodríguez, aún no ha sido sustituido. Además el portavoz de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, anunció su voto a favor de todos los candidatos, de manera que estos deberían haber recibido 243 votos. Sin embargo, uno de los juristas, Enrique Arnaldo , obtuvo 232 votos a favor, once menos que los diputados llamados a apoyarle ya que uno de estos «síes» pertenece a Martínez Oblanca. Dentro de este grupo de once diputados que no ha acatado la disciplina de voto se encuentran, al menos, tres parlamentarios del PSOE: Odón Elorza que ha votado en contra, el exministro de Transportes José Luis Ábalos que ha asegurado error al votar y el parlamentario extremeño Mariano Sánchez Escobar que también comunicó haberse equivocado.
Además, hay otros cinco diputados del bloque PP, PSOE y Unidas Podemos que no votaron favorablemente –o no votaron– a ninguna de las candidaturas a la renovación de los órganos constitucionales. No en vano, los socialistas fueron los candidatos que obtuvieron más apoyos al obtener también el «sí» de los portavoces de Compromís, Joan Baldoví, y de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, y se quedaron en 240 votos a favor cuando deberían haber obtenido 245.
Los otros dos diputados que habrían roto la disciplina de voto y completarían los once parlamentarios citados pertenecerían, según fuentes parlamentarias, a Unidas Podemos. Las miradas se posan en las diputadas Gloria Elizo y Meri Pita por haberse posicionado públicamente en contra de la elección de Arnaldo.
Pese a que se trata de cuatro perfiles muy políticos, ni a Félix Bolaños, por parte del Gobierno, ni a Teodoro García Egea, por parte de Génova, pareció importarles esta circunstancia cuando el pasado octubre vendieron a los cuatro candidatos como fruto de un gran acuerdo de renovación de las instituciones . Sin embargo, en los últimos días, las presiones en las propias filas de PSOE y UP en torno a Arnaldo han hecho sucumbir hasta al presidente del Gobierno, que, en lo que parece más un guiño a sus filas que una preocupación real, mostró reticencias por los candidatos propuestos por el PP, no por los suyos, ideológicamente también significados. Sin embargo, a nadie se le escapa la importancia que esta renovación tiene para el Ejecutivo como antesala de la del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pues si esta última no se lleva a cabo y sigue bloqueada, el Gobierno no podrá dar la vuelta a la mayoría conservadora del TC en junio de 2022, en la próxima renovación prevista y que corresponde al CGPJ (dos magistrados) y al Gobierno (otros dos). De ahí que aunque la bancada socialista aparentara ayer votar con una pinza en la nariz –que no necesitaron cuando auparon a la exministra de Justicia Dolores Delgado a la Fiscalía General del Estado o a Conde-Pumpido al TC–, el «mal trago» a corto plazo merecerá la pena.
Apartado el socialista Odón Elorza del debate, fue el portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Justicia, Francisco Aranda, quien defendió el voto del PSOE a los candidatos propuestos. Aranda justificó el pacto en la necesidad de que no se den situaciones como la de «los 1.050 días» de retraso en la renovación del CGPJ. «Cumplir la Constitución no solo es obligado sino necesario. No hay excusa para su cumplimiento». Defendió el acuerdo como «esencia misma» de la democracia y sostuvo que «no caben titubeos en la defensa de las instituciones» . «La responsabilidad del Gobierno está por encima de los intereses del partido», dijo. Y sin entrar en la crítica a los candidatos del PP, dijo que los del PSOE sí poseen la «imparcialidad y valía jurídica» de quien está llamado a aplicar la Constitución y a interpretarla y «adecuarla» al tiempo presente. «Si nada se cambia y se adecua, se petrifica», apuntó.
Desde Podemos, Antonio Gómez-Reino reconoció que para su partido –que bendijo el acuerdo PSOE-PP si se contaba con Ramón Sáez– se trataba de una «votación incómoda» que emana de «una situación intolerable e insostenible como es el secuestro antidemocrático al que el PP tiene sometido a los órganos constitucionales». Se refirió a los dos candidatos de Génova para decir que «en ningún caso debieron ser propuestos». «Son dirigentes del PP sin carné, acompañados tristemente de falta de independencia, favoritismo o corrupción». Y abundó en esa idea. «Hay juristas conservadores que merecerían nuestro apoyo, pero el PP se ha empeñado en proponer a dos de los menos oportunos ». En lo que pareció una justificación ante su electorado, el diputado morado dijo que mientras el PP «sea imprescindible» (para conseguir la mayoría de tres quintos) solo hay dos opciones: pactar «sabiendo lo que son o que sigan con el secuestro de las instituciones».
Gómez-Reino pronunciaba estas palabras justo después de que la diputada del Grupo Mixto Mireia Vehí calificara el día de ayer como «un fin de ciclo del 15-M», en alusión al movimiento de los «indignados». Tras lamentar el «triste voto afirmativo» de Podemos a los candidatos pactados, Vehí apuntó que «hoy se muere la posibilidad de un cambio en España». También Íñigo Errejón afeó a los diputados de la izquierda su aval a Arnaldo. «No hay nadie que dude de que es de todo menos idóneo (...) Un voto que uno no se atreve a defender no es un buen voto, le llame a filas quien le llame a filas ». En la misma línea Joan Baldoví, de Compromís, habló de «obscenidad y amaño».
"Reparto de sillas"
Especialmente críticos con el acuerdo en sí (más que con el candidato en cuestión) se mostraron Edmundo Bal (Ciudadanos) y José María Sánchez García (Vox). El primero tildó de «pantomima» el pacto, propio del bipartidismo «más rancio» . «Es mejor que seas uno de los nuestros que tener mério y capacidad», resumió. Y criticó que PSOE y PP se sienten a «repartirse las sillas» cuando no han sido capaces de sentarse «para ayudar a los autónomos, a las familias, para hablar de ciencia, del paro juvenil (...) No tienen ustedes un pase, no se vuelvan a subir aquí para hablar de limpieza y regeneración. Señores del PP, son la muleta de Sánchez y del separatismo. Les están dando aire para colocar a los suyos. Con nosotros no cuenten nunca».
De igual forma Sánchez García acusó a PSOE y PP de «desnaturalizar» con estos nombramientos «el sistema de control de constitucionalidad de la leyes» y les acusó de no creer en la justicia ni en la democracia. «Apelo a la dignidad de los diputados: rompan la disciplina de voto y voten en contra , y apelo a la dignidad de los propuestos: renuncien a ser magistrados del TC; lo pueden hacer todavía».
Desde el Grupo Popular Vicente Tirado defendió la «legitimidad de origen» de los candidatos propuestos y apeló a preservar la calidad de las instituciones. Aprovechó la ocasión para emplazar al PSOE a que permita que los jueces participen de forma directa en la elección del CGPJ.
Un voto en contra en el TC
Nada más tener constancia de la aprobación del nombramiento de los cuatro magistrados, el Pleno del TC se reunía para verificar que los cuatro juristas cumplen los requisitos exigidos por la Constitución. El acuerdo se adoptó en los cuatro casos por mayoría de 9 votos favorables y uno en contra. Fuentes del órgano de garantías reconocen que el voto del magistrado díscolo causó cierta sorpresa en el tribunal cuando el secretario procedió a la lectura de las papeletas, secretas. El acuerdo se comunicará ahora al Congreso de los Diputados, a la Casa de S. M. el Rey, al Senado, al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial.
La semana siguiente, una vez que hayan jurado ante el Rey, los nuevos magistrados tomarán posesión en un acto en el que compartirán protagonismo con los magistrados salientes.
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