Le cierran cuatro veces un prostíbulo de carretera en una semana

La medida del cierre total de los prostíbulos en La Rioja la anunció ufana la directora del Observatorio de Derechos Humanos de esa comunidad, Sara Carreño (Podemos), el pasado 31 de agosto. La ministra Irene Montero remitió una carta a todas las comunidades para que cerraran los lugares donde se ejerce la prostitución, tal y como se ha hecho con discotecas y locales de ocio. Pero no todos han cumplido. El martes por la noche la Guardia Civil desalojó y clausuró un club de carretera en la localidad de Rincón de Soto por cuarta vez en una semana. Los agentes tuvieron que ir habitación por habitación sacando a clientes y trabajadoras. El prostíbulo estaba funcionando «con total normalidad», como si el Covid19 hubiera pasado de largo por allí.

El dueño de 51 años, natural de Republica Dominicana y vecino de Rincón de Soto, ha sido propuesto para sanción por cuatro infracciones graves a la Ley de Sanidad, por lo que se enfrenta a una pena de multa de 24.000 euros, 6.000 euros por cada sanción . «Esto es un hospedaje, no es un prostíbulo», les dijo a los agentes. Tenía habitaciones, pero ni una ficha de registro de viajeros. La artimañana no coló.

Los agentes se entrevistaron cada una de las veces con las trabajadoras del local, ocho mujeres de nacionalidad dominicana y colombiana, entre otras, para intentar detectar si eran víctimas de explotación laboral o sexual, o de trata de seres humanos con dichos fines, y en caso positivo derivarlas a las autoridades competentes y garantizarles la protección de sus derechos. Tres de estas mujeres se encontraban en situación irregular en España. Ninguna quiso denunciar al proxeneta.

La primera actuación se llevó a cabo durante la madrugada del pasado día 12, cuando agentes de Seguridad Ciudadana, tras recibir varias informaciones relacionadas con la apertura del club, comprobaron que era cierto, a pesar de la expresa prohibición de apertura de este tipo de establecimientos. Se desalojó y cerró y se le denunció por infracción grave a la Ley de Sanidad.

La segunda actuación se produjo la madrugada del día siguiente, un operativo que estuvo a punto de desbaratarse, al detectar el encargado del club la llegada de los agentes. Fue él quien alertó a clientes y trabajadoras para que abandonaran el lugar. Por segunda vez se desalojó el burdel. El dueño «desafiante» y «amenazante» aseguró que nadie le impediría abrir al público y continuar con su actividad.

El sábado 17 el dispositivo de vigilancia establecido sobre el club detectó nuevamente actividad en el interior, por lo que Unidades del Servicio de Seguridad Ciudadana, Equipo Mujer Menor e Inspección de Trabajo, accedieron para su inspección y desalojo.

El responsable del club no conforme con cada una de las actuaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil volvió a reabrir durante la madrugada del 19 al 20. Fue la cuarta y por ahora última denuncia. Desalojo y cierre. El dueño aseguró que cerraba de forma definitiva. De momento se enfrenta a 24.000 euros de multa. Los clientes, a sabiendas de que no podían estar en ese lugar siguieron acudiendo. Ellos no se enfrentan a ninguna sanción.