Campo niega un compromiso con ERC para reformar la sedición

El ministro de Justicia dice que cualquier reforma del Código Penal se hará en las Cámaras, que es donde se legisla

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, antes de su intervención EFE | Vídeo: Campo considera parte del «juego de la democracia» las discrepancias dentro del Gobierno de coalición

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El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo , ha asegurado que cualquier reforma del Código Penal que lleve a cabo el Ejecutivo se hará con los informes preceptivos y en las Cámaras, que es donde se legisla. Campo ha respondido así a los portavoces parlamentarios que han aludido a la modificación de los delitos de rebelión y sedición que anunció la vicepresidenta Calvo.

«¿Alguien tiene una duda de que hay que dar una vuelta a ese tipo de delitos que se pueden producir en situaciones nuevas?», se ha preguntado el ministro, quien, sin embargo, ha negado que haya en marcha ningún planteamiento concreto sobre ninguno de estos tipos delictivos , en referencia a la información que publica hoy un medio de comunicación. «No existe eso, no hay un compromiso con ningún partido (en referencia a los independentistas) en orden a modificar el Código Penal» . Campo ha vuelto a insistir en el consenso de grupos políticos y operadores jurídicos y sociedad civil para llevar a cabo cualquier reforma legislativa.

El titular de Justicia tomaba la palabra después de las intervenciones de los portavoces de los grupos en esta comisión de justicia, ante la que Campo ha comparecido para exponer las líneas de actuación de su Ministerio. Los representantes de Ciudadanos, Vox y Partido Popular han hecho hincapié en la politización de la justicia y en el flaco favor que hace a la independencia del Ministerio Fiscal el hecho de que se haya puesto al frente del mismo a la exministra de Justicia Dolores Delgado.

Especialmente duro ha sido Edmundo Bal (Ciudadanos), quien ha calificado el nombramiento de la exministra Dolores Delgado como una «anomalía democrática intolerable» y ha abogado por una reforma que desvincule definitivamente este nombramiento del Ejecutivo y por apartar la intervención política del Consejo General del Poder Judicial para que la totalidad de los vocales del órgano de gobierno de los jueces sean elegidos por sus propios compañeros.

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