Campo: «Es absolutamente falso que en España se oculten datos sobre fallecidos por Covid-19»

El ministro defiende que el Real Decreto de Justicia se ha elaborado por consenso y la oposición lo niega

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, este lunes en el Congreso de los Diputados Pool

Isabel Vega

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El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo , ha asegurado este lunes en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados que es «absolutamente falso que en España se oculten datos sobre fallecidos por Covid-19» y, refiriéndose en concreto al Partido Popular, ha incidido en que «es profundamente irresponsable intentar utilizar políticamente los datos de fallecimientos para atacar a un Gobierno».

Campo comparecía este lunes en el Congreso tanto a petición propia para informar de la gestión de la pandemia en el ámbito de la Justicia como a petición del PP, que pedía explicaciones por las dificultades de los Registros civiles para computar los fallecidos por coronavirus.

«Me entristece profundamente, no se lo puedo ocultar, el tono utilizado por el Partido Popular a la hora de pedir explicaciones sobre los datos de fallecidos por Covid-19 . Y me entristece porque creo que la solicitud de comparecencia y las manifestaciones públicas de algunos dirigentes políticos, parten de premisas torticeras, irresponsables y muy peligrosas», ha dicho el titular de Justicia.

Tanto su intervención inicial como en la réplica a los grupos, ha incidido en que «nadie está ocultando datos de nada» y las cifras que se manejan están a disposición de todos los ciudadanos actualizadas cada día en la página web del Ministerio de Sanidad, que, además, «ha explicado hasta la extenuación» los criterios de recogida de esta información.

«No me parece prudente en el momento de angustia social que tenemos, utilizar palabras que puedan distorsionar. No hay ningún bulo sobre los muertos, lo que hay es una búsqueda de la verdad y eso es lo que está haciendo este gobierno con las comunidades autónomas, y el Ministerio de Justicia, intentando que con esas distintas fuentes y contenidos se pueda aclarar«, ha señalado.

Según ha asegurado, «es tendencioso acusar a las instituciones españolas de ocultación u opacidad». « Faltan a la verdad quienes acusan al Gobierno de ocultar los datos del Registro civil y faltan al rigor y a la responsabilidad quienes pretenden comparar los datos de fallecimientos por Covid19 con las estimaciones de exceso de mortalidad«, ha añadido al respecto.

Habilitar agosto, una propuesta de Cantabria, Navarra, Madrid y Canarias

No obstante, no ha sido el punto más discutido a lo largo de una sesión a la que Campo acude con el Real Decreto Ley aprobado el pasado 28 de abril bajo el brazo, una iniciativa que aspira a agilizar la vuelta a la normalidad del sistema de justicia.

Necesita la convalidación del Congreso y de momento, los grupos de la oposición amagan con votar en contra porque entienden que tiene visos de inconstitucional, que es una usurpación del poder legislativo, que interfiere en competencias atribuidas a las comunidades autónomas y, sobre todo, que no cuenta ni con el consenso de los profesionales.

Durante su intervención, Campo ha reiterado lo contrario. «Se ha hecho entre todos», «todo está consensuado», «la tranquilidad de este ministro es que lo hemos hecho entre todos», «Están todas las comunidades autónomas con independencia del signo político», son algunas de las frases que ha utilizado.

El ministro ha bajado incluso a los detalles y ha revelado que una de las medidas que más polvareda ha levantado, la decisión de habilitar gran parte del mes de agosto, fue una propuesta de Cantabria, Navarra, Madrid, Canarias y el propio Consejo General del Poder Judicial.

Según ha asegurado, todas han contado con «información puntual» sobre el contenido de la norma «con anterioridad a su publicación» y ninguna expresó discrepancias. En este sentido, ha instado al portavoz del Partido Popular, Luis Santamaría, a revisar su posición de votar en contra con el resto de dirigentes de su partido, dado que uno de ellos, que no ha querido nombrar, aportó medidas que figuran en el redactado finalmente aprobado por el Consejo de Ministros.

«Pregunte a su responsable político si no ha estado en todas y cada una de las reuniones, si no ha aportado y enriquecido en todas y cada una. Es un gran conocedor de la Justicia, ha participado en todas y ha elevado aportaciones que se han incluido en el Real Decreto Ley . Estoy convencido de que van a cambiar su postura, porque está en su mano«, ha dicho el ministro en referencia velada al consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, el magistrado Enrique López.

En cuanto a la crítica elevada por el Consejo General de la Abogacía contra este punto, Campo ha reconocido que ahí no ha gustado, pero ha ofrecido a los presentes la posibilidad de mostrarles «ciento de mensajes de letrados» que le animaban a hacerlo porque con agosto inhábil se veían abocados a cerrar el despacho profesional.

Pide hacer un «esfuerzo extra»

«Se adopta para paliar el acusado descenso en la actividad judicial que ha provocado el estado de alarma. No sería responsable, después de varios meses de paralización de la Justicia y con el gran número de procedimientos que precisamente se pueden generar de las consecuencias sociales y económicas de la pandemia, volver ahora a parar un mes entero más con motivo de las vacaciones estivales», ha apostillado.

Por ello, ha pedido a jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, abogados, procuradores y graduados sociales que hagan un «esfuerzo extra» . En su opinión, la sociedad «no entendería que el resto de las administraciones no se pusieran a la altura del personal sanitario o las fuerzas de seguridad».

Así, ha anunciado que para facilitar la conciliación personal y profesional, el Ministerio impulsará, en colaboración y coordinación con el CGPJ y la Fiscalía General del Estado, un Instrumento Normativo Complementario que permita «optimizar el rendimiento y la eficacia de la habilitación».

«Ni tacha de inconstitucionalidad»

En cuanto a la crítica de VOX y el PP acerca de la legalidad del texto, el ministro ha defendido que no tiene «ninguna tacha de inconstitucionalidad», igual que ante los nacionalistas -ERC ha amenazado con cambiar la abstención por el voto en contra- ha incidido en que no supone en absoluto un 155 encubierto. «No se puede sostener eso del 155. No le quita ni una sola competencia. No supone ninguna recentralización», ha destacado.

«Todo está consensuado y cuando digo que con las comunidades autónomas todo está consensuado, créanme. Hay comunidades que pedían habilitar agosto entero -se hará de 11 a 31 sin fines de semana-. Está estudiado, está consensuado y es una manera magnífica de trabajar, y me precio de que hemos trabajado con las 12 comunidades, el Consejo, la Fiscalía y los colectivos profesionales y sacando todo sin pérdida de competencia ninguna «, ha resumido.

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