Los caminos que llevan a Don Juan Carlos
El padre del Rey comunica su decisión de abandonar el país cuando aún no se le ha abierto formalmente ningún procedimiento penal pero con fiscales de España y Suiza apuntando en su dirección
La decisión del anterior Jefe del Estado de abandonar España se produce cuando aún no se ha dirigido ningún procedimiento judicial contra él. Don Juan Carlos, a fecha de hoy, no está formalmente investigado ni en España ni en Suiza, aunque en ambos países hay fiscales trabajando en líneas paralelas que parecen converger en la figura del padre de Felipe VI . Y todo, a partir de un audio del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo en el que quien fue íntima del monarca, se despacha implicándole en un rosario de irregularidades, si no delitos.
De momento, el letrado de Don Juan Carlos ha difundido un breve comunicado en el que avanza que pese a su decisión de marcharse, «permanece en todo caso a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que se considere oportuna».
El calvario para Don Juan Carlos arrancó en 2018, cuando se publicaron aquellos audios grabados en casa de Corina Larsen , en teoría, de forma subrepticia, en el año 2015. Ante Villarejo y el conocido de ambos Juan Villalonga, afirmaba que el anterior Jefe del Estado tenía cuentas en el extranjero y movía el dinero utilizando testaferros.
La Audiencia Nacional, que ya investigaba al comisario y que tenía los audios en su poder porque forman parte del arsenal que se le intervino cuando fue detenido en noviembre de 2017, comenzó a investigar. Era la quinta pieza separada de la macrocausa conocida como Tándem. Informalmente, y utilizando la denominación que había puesto al asunto el propio Villarejo, se bautizó como 'Carol'.
No tuvo mucho recorrido. El juez en septiembre de aquel año apreció que las afirmaciones de ella ante la grabadora oculta de Villarejo no eran más que comentarios sin ningún documento o prueba adicional que los avalase. Pidió antes, no obstante, la declaración de bienes en el extranjero de Don Juan Carlos de Borbón. No había consignado nada. Archivó provisionalmente aquella línea separada de investigación y todo quedó en barbecho. Izquierda Unida intentó que el Tribunal Supremo tomase la iniciativa, presentando una querella contra el anterior monarca, que una vez abdicó dejó de ser inviolable pero goza de aforamiento. No se admitió por la misma falta de indicios que en la Audiencia Nacional motivó el archivo.
Sin embargo, a la Fiscalía Anticorrupción no se le pasó por alto que de aquellas afirmaciones podía desprenderse, al menos, un delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales . Si hubo comisiones, también comisionados y comisionistas. Requirió documentación a las empresas, tomó declaración a una de las personas que según Larsen, pudo obrar como intermediaria y siguió investigando, inicialmente, el papel de las compañías, que no el que pudiera haber jugado Don Juan Carlos. Con todo, los caminos acabaron apuntando en su dirección, por un posible delito fiscal, y las diligencias, que se seguían en estricto secreto, fueron asumidas el pasado 8 de junio por la Fiscalía del Tribunal Supremo.
La pista de Suiza
Este movimiento no se entiende sin conocer lo que, en paralelo, estaba pasando en Suiza. El fiscal Yves Bertossa estaba investigando delitos de blanqueo relacionados con los célebres gestores de cuentas Arturo Fasana y Dante Canónica y los comentarios de Larsen difundidos por la prensa española no le pasaron tampoco desapercibidos. Pidió las cintas, tiró del hilo. Sumó los indicios al material que había intervenido a los gestores en los registros de sus dependencias. Acabó descubriendo que las cuentas de Larsen en aquel país presentaban movimientos sospechosos y en concreto, la ya célebre transferencia de 65 millones de dólares que ella atribuiría después a un regalo del anterior monarca .
Encontró el fiscal los papeles de la fundación panameña constituida por orden de Don Juan Carlos desde la que le envió el dinero, interrogó a su primo, el que según Larsen le cubría gastos con otra fundación. Y, sobre todo, entabló interlocución con las autoridades españolas que, si bien no ha sido tan fluida en el tiempo como cabría esperar, ha proporcionado el material de trabajo con el que la Fiscalía del Tribunal Supremo debe hacerse una idea de si hay indicios de delito como para presentar querella contra el monarca retirado. Las pesquisas no han llegado a su fin.
La reapertura de 'Carol'
La gota que ha colmado el vaso ha sido la reapertura la semana pasada de la mencionada pieza «Carol» en la Audiencia Nacional. El juez Manuel García Castellón, en una decisión adoptada por propia iniciativa, ha decidido que tras estos dos años y medio analizando la documentación intervenida a Villarejo hay indicios suficientes, al menos, como para investigar a Larsen y a Villalonga, en tanto que participó al menos en la primera reunión, por un delito de cohecho en el contexto de sus relaciones con el comisario.
No obstante, el auto que reabre las pesquisas lanza a los fiscales la pregunta de si hay conexión con los delitos que se investigaron en Anticorrupción y que ahora han viajado al Supremo. De obtener una respuesta positiva, y aún no siendo competente en sentido estricto para investigar a Don Juan Carlos dado su aforamiento, podría reclamar esas diligencias abiertas para sí y seguir avanzando.
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