La Fiscalía de Cooperación Penal Internacional ayuda a la del Supremo en la investigacion a Don Juan Carlos

La complejidad ténica y la trascendencia institucional de la investigación a Don Juan Carlos por el presunto cobro de comisiones vinculadas al AVE a la Meca han movilizado a los más altos representantes del Ministerio Público a cargo de estas diligencias de investigación que empezaron en la Fiscalía Anticorrupción y que ahora se encuentran en el Tribunal Supremo por la condición de aforado del anterior Monarca.

El fiscal de Sala jefe de lo Penal,Juan Ignacio Campos, quien es además fiscal delegado de la especialidad de delitos económicos, no solo cuenta con un equipo de tres fiscales del Tribunal Supremo especialistas en Derecho penal económico (Paloma Iglesias Moreno, José Antonio del Cerro Esteban y Juan Carlos López Coig), sino también con el apoyo de la Unidad Especializada de Cooperación Penal Internacional de la Fiscalía General del Estado, que dirige la Fiscal de Sala Rosa Ana Morán Martínez, dada las implicaciones internacionales de la investigación.

Una vez analizada la documentación que solicitó en su momento Anticorrupción, referida en su mayor parte al movimiento de cuentas vinculadas al anterior Rey , el Ministerio Público tendrá que analizar tres cuestiones fundamentales que determinarán que esta investigación se judicialice (o no) . La primera si Don Juan Carlos cometió un delito fiscal al no declarar los fondos presuntamente recibidos por Arabia Saudí (el fiscal suizo cree que no se trataba de un regalo, sino de comisiones por la adjudicación del AVE a la Meca a empresas españolas) al fisco español; la segunda, si el delito está o no prescrito, y la tercera, si cuando se cometieron los hechos el Rey gozaba de inviolabilidad, lo que significa que no tendría responsabilidad penal alguna.

Sólo si la Fiscalía apreciara indicios de delito y posibilidad de iniciar una investigación judicial contra el Monarca, tendría que presentar una querella ante la Sala Segunda para depurar posibles responsabilidades . Y eso tendría que ser por hechos posteriores a julio de 2014 (cuando Don Juan Carlos abdicó) o por un delito continuado que, aun habiendo sido cometido antes de esa fecha, pudiera tener efectos posteriores, lo que sí podría investigarse ante la Sala Segunda del Supremo.

El fiscal suizo Yves Bertossa ve en la donación de 65 millones de euros que Don Juan Carlos hizo a su amiga Corina Larsen en 2012 (cuando todavía era Monarca) un delito de blanqueo de capitales. En su declaración como investigada Larsen aseguró que fue una donación “por gratitud, por amor y no para deshacerse del dinero”. La donación, que según el fiscal suizo, era parte de comisiones que previamente habría recibido el Monarca por la adjudicación del AVE a la Meca. La donación provenía de una cuenta suiza vinculada a una fundación panameña y el documento se encontró en los despachos del gestor de fondos Arturo Fasana y del abogado Dante Canonica, ambos vinculados a la supuesta trama societaria.