Calvo pide a los ayuntamientos que «no haya colores políticos» en los trabajos de recuperación de memoria democrática

El Gobierno concede 1,5 millones de euros en ayudas para 114 proyectos de exhumación y recuperación de desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura en 2021 por todo el país

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, atendiendo a los medios de comunicación hace unos días en Córdoba EP

Gregoria Caro

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La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo , a la sazón ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, ha participado este jueves junto al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero , en la presentación del 'Plan de Choque de exhumaciones de fosas comunes' de la Guerra Civil y del franquismo.

El Gobierno ha concedido 1,5 millones de euros en ayudas para 114 proyectos de exhumación y recuperación de desaparecidos que se realizarán durante 2021 por todo el país. Las ayudas se enmarcan en los planes que aprobó el Consejo de Ministros el pasado octubre de 2020 para «paliar la falta de recursos económicos debido a la ausencia de subvenciones gubernamentales desde 2013».

Según explica el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, el total se divide en dos partes. En un primer lugar, 750.000 euros gestionados directamente por el Ministerio, de los que un 60 por ciento (450.000 euros) se destinarán exclusivamente a la exhumación de fosas. Por otro lado, 750.000 también para recuperación de cuerpos que serán gestionados por la FEMP.

El ministerio encabezado por Calvo también señala que este proyecto pretende ser «una fase transitoria» hasta que se active el 'Plan Cuatrienal de búsqueda de personas desaparecidas durante el Golpe de Estado, la Guerra Civil y la Dictadura'. Este último se financiará a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y será parte fundamental de la ley de Memoria Democrática en la que trabaja el Gobierno.

Calvo ha agradecido la disposición de los Ayuntamientos y otros organismos y pedido «trabajar sin descanso» y «sin color político» en estos proyectos. «La dignidad que le debemos a estas víctimas y a nuestro propio pasado no puede tener color político», ha dicho. De igual forma se ha referido al trabajo de las asociaciones, colectivos memorialistas y familiares. « Se lo debemos a los que todavía están vivos, muy mayores (...), y a quienes han estado trabajando durante mucho tiempo, incluido durante el silencio negro de la dictadura, como asociaciones y familias, esperando que se arrojara luz y dignidad sobre su dolor», ha añadido.

También ha reivindicado el trabajo de su Vicepresidencia y su equipo. «Nos quedan muchos años, porque han transcurrido muchos años sin que estas cuestiones se hicieran y estuvieran en la agenda digna del Gobierno». Una puya a los Ejecutivos del Partido Popular. Estas subvenciones son las primeras desde 2013. Aunque luego ha repetido que había que abandonar las luchas partidistas: «Quiero pedir que aquí no haya colores y no voy a recordar nada de los colores».

La ley de Memoria Democrática

El departamento de Calvo insiste además en que estos compromisos se verán «sustanciados» con la aprobación de ley de Memoria Democrática. La vicepresidenta reclama a los grupos parlamentarios el apoyo a la norma que llegará «en breve» al Congreso de los Diputados. Quieren que se apruebe este trimestre. Además, Calvo ha recordado que se aprobó una partida de 11,3 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 para Memoria Democrática.

Calvo ha defendido con ímpetu la cuantía destinada a la recuperación sin olvidar que el país atraviesa una recesión. «A pesar de que estamos atravesando esta situación donde nos enfrentamos a la reconstrucción económica y rápida del país por la pandemia, eso no entorpece que cada día estemos en el lugar que nos corresponde en el ámbito de la memoria y que cada día trabajemos para identificar víctimas», ha explicado. «Tienen todo el derecho a exigirle al estado recursos públicos», ha continuado.

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