La Comisión Europea da un inédito toque de atención a España para frenar a Sánchez
«Mucha preocupación» en Bruselas ante las consecuencias de que un país importante impulse un ataque a la independencia judicial
La Comisión Europea envió este jueves una contundente primera advertencia a España por la reforma que pretende aprobar Pedro Sánchez para cambiar las reglas de la elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) . Lo ha hecho con un lenguaje sutil y muy preciso, pero inequívocamente crítico, en un gesto inusual en los usos políticos de Bruselas, donde raramente se emiten opiniones sobre proyectos antes de que estos se concreten en decisiones firmes. El Ejecutivo comunitario afirmó ayer en una declaración oficial que seguirá «atentamente» el desarrollo de esta reforma planteada por PSOE y Podemos y lo hace porque percibe con claridad un intento de politizar la administración de Justicia , y por ello recomienda a Sánchez que «consulte a los organismos pertinentes» antes de dar un paso definitivo.
El portavoz de la Comisión para asuntos de Justicia, Christian Wigand, publicó un escueto comunicado, que vio la luz poco antes de que el propio Pedro Sánchez aterrizase en Bruselas para asistir a un Consejo Europeo. El comunicado decía textualmente lo siguiente: «La Comisión está al corriente del anuncio de este nuevo proyecto de ley. Seguimos de cerca la evolución a este respecto. En el Informe sobre el Estado de Derecho de 2020, la Comisión subrayó la importancia de reducir la influencia del poder legislativo o ejecutivo sobre el poder judicial a fin de fortalecer la independencia judicial. El capítulo del Informe sobre el Estado de Derecho 2020 en España mencionaba la situación del Consejo Judicial en España como un desafío. Es importante asegurarse de que el Consejo no sea percibido como vulnerable a la politización. De manera más general, cuando los Estados miembros reforman el Poder Judicial, esto siempre debe hacerse en consulta con todas las partes interesadas pertinentes , incluida la Comisión de Venecia. Los Estados miembros deben seguir las normas de la UE para garantizar que la independencia judicial no se vea comprometida».
Son palabras muy medidas pero de significado inequívoco. Más aún porque no es habitual un pronunciamiento de este tipo sobre un país miembro. En privado, fuentes comunitarias afirman que se debe a la gran preocupación que ha suscitado esta polémica en España y porque además de lo que significa en sí mismo que un país de los grandes entre en este tipo de debates, una ausencia de reacción también desarma sus argumentos para criticar la actitud de los gobiernos de Polonia y Hungría .
En el informe sobre el Estado de Derecho en España que citaba en esta declaración y que fue presentado el 30 de septiembre ya se mencionaba como elemento extraño que Pedro Sánchez nombrase a la ministra de Justicia como Fiscal General del Estado como una posible interferencia del Ejecutivo en el sistema judicial. A Polonia se le reprochó en su informe correspondiente que fusionara a la Fiscalía con el Ministerio de Justicia. También se hacía referencia al retraso en el nombramiento de los miembros del CGPJ español, pero en ningún caso se hacía mención a que la solución era buscar atajos para soslayar la ley actual, en vez de negociar con el PP y ofrecer concesiones para lograr un acuerdo, como es habitual en los demás países democráticos.
El líder de la oposición, Pablo Casado , que este jueves también estaba en Bruselas para participar en la cumbre de dirigentes del PP europeo, aseguró en la capital comunitaria que la reforma que planea el Gobierno es una «gran irresponsabilidad» de Pedro Sánchez y que por ello «queremos dejar muy claro que iremos hasta las últimas consecuencias si el Gobierno no retira la reforma del CGPJ, incluyendo a las instituciones comunitarias, tribunales europeos, Consejo de Europa y, por supuesto, la Justicia española. No se puede debilitar una gran nación como España y sus instituciones».
Desde la dirección nacional del PP se subrayó que los populares no acuden a Europa «a hablar mal de España, sino a asegurar los fondos que el Gobierno está poniendo en riesgo» . «Venimos a defender el Estado de Derecho en España que la reforma del Gobierno está amenazando». Naturalmente, todos los líderes populares comunitarios han sido informados de los planes de Sánchez en España. Especialmente la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con la que Casado se reunió.
Con el comisario de Justicia
Casado habló con el comisario de Justicia, Didier Reynders , para reafirmar el compromiso del PP «con el Estado de Derecho y la independencia judicial». Envió, además, una carta a Reynders en la que solicita que la Comisión Europea evalúe la reforma y asegura que el PP tomará las medidas oportunas en el ámbito europeo para evitar que prospere. El grupo del PPE va a solicitar que este asunto sea estudiado por el Grupo de seguimiento sobre Estado de Derecho y Derechos fundamentales de la Comisión de Libertades Civiles y Justicia del Parlamento Europeo.
La dirigente de Ciudadanos, Inés Arrimadas, también advirtió al Gobierno que acudirá a instancias europeas para parar la reforma: «Si no lo frenan ustedes, lo frenarán en Europa».
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